El 3 de marzo de 2015, estando a cargo del Poder Ejecutivo Cristina Fernández se dicta la Ley 27.126 y el Decreto Reglamentario 1311/15 mediante el cual se dispone una profunda modificación al sistema de inteligencia nacional, con miras a mejorar el funcionamiento de una actividad estratégica para el Estado y avanzar firmemente en la legalización de las tareas de inteligencia en miras a una adecuada protección de las garantías y derechos de los ciudadanos. La Agencia Federal de Inteligencia –AFI- es el nuevo organismo que dirige el sistema de inteligencia, reemplazando a la SIDE.
En el marco normativo que rige la “inteligencia nacional” se tipifican cuatro figuras delictivas, que se constituyen hoy en la base de investigación por supuesta comisión de dichos ilícitos.
En primer lugar el artículo 42 de la ley 25.520 modificado por la ley 27.126 establece una pena de tres (3) a diez (10) años para el que participando en forma transitoria o permanente de las tareas de inteligencia, indebidamente interceptare, captare o desviare comunicaciones telefónicas, o postales, trasmisión de imágenes o información de archivo, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público. Es decir fundamentalmente este artículo está dirigido a los empleados a funcionarios que realicen tareas de inteligencia y que en ejercicio de tales tareas intercepten, capten o desviaren conversaciones telefónicas, documentación, videos u objetos postales.
El artículo 43 de la ley 25.520, modificado por la ley 27.126 fija una pena de dos (2) a seis (6) años e inhabilitación especial por doble tiempo, al que con orden judicial y estando obligado a hacerlo, omitiere destruir o borrar los soportes de las grabaciones, las intervenciones postales o cualquier otro elemento que permita acreditar el resultado de las interceptaciones, captaciones o desviaciones. En este caso se requiere una orden judicial y estar obligado a destruir los elementos referidos, por lo que es muy limitado aquí quienes pueden cometer este delito, por tratarse además de un delito de comisión por omisión.
Estos dos delitos referidos precedentemente estaban previstos en la ley 25.520 no obstante lo cual tenían penas de prisión de 1 mes a dos años para el primer caso, y de prisión de tres meses a un año para el segundo, por lo que se comprenderá que la modificación de la ley 27.126 aumento de modo sustancial la pena a aplicar.
Asimismo la ley 27.126 agrega dos nuevas figuras delictivas. Por un lado el artículo 43 bis pena con prisión de seis (6) meses a tres (3) años a todo funcionario o empleado público de la AFI que provea de información de inteligencia a funcionarios o empleados de cualquiera de los poderes públicos del estado. En este caso el único que puede dar a conocer esa información de los servicios de inteligencia es el Director o Subdirector General de la AFI o un funcionario a quien se autorice expresamente. La idea aquí, es obligar al Personal de la AFI a guardar secreto de la información que conociere con motivo o en ejercicio de la actividad de inteligencia y evitar que se filtre información tan sensible desde esta organización.
Finalmente el artículo 43 ter establece que: se aplicará una pena de tres (3) a diez (10) años e inhabilitación especial por doble tiempo a todo empleado o funcionario público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes 23.554, 24.059 y 25.520. Se incluye a quienes hubiesen sido integrantes de organismos de inteligencia nacional. Con este artículo se pretende castigar a las personas que realicen tareas de inteligencia sin ser las autorizadas por ley. Es preciso aclarar que la ley 23.554 se refiere a la Defensa Nacional a cargo de la FFAA y la 24059 es rige la Seguridad Interior a cargo de la Policía.
En lo que aquí nos interesa, es preciso detenernos en este último delito, ya que los otros tres, por su especificidad están referidos, en principio, a los funcionarios y empleados que formen parte de los servicios de inteligencia.
El artículo 43 ter de la ley 25.520 está dirigido a todo empleado o funcionario público que realice tareas de inteligencia de las previstas en las tres leyes referidas. Esta norma sólo requiere dos condiciones: a) Ser empleado o funcionario público y b) realizar tareas de inteligencia nacional, o referidas a las fuerzas armadas o policiales. Es decir todo aquel que no se encuentre dentro del marco de estas leyes y realice tareas de inteligencia, siendo empleado o funcionario público, comete este delito y puede ser condenado a una pena de tres a diez años de prisión.
Aquellos ciudadanos que realizan inteligencia sin estar autorizados por alguna de estas tres leyes y no son funcionarios o empleados públicos, podrían ser considerados partícipes necesarios o secundarios de la comisión de este ilícito. Lo que permitiría entonces aplicarles una pena de tres a diez años si son partícipes primarios y de un año y medio a cinco años si son partícipes secundarios. En este caso, bien podría incriminarse a particulares y a periodistas que hubiesen realizado tareas de “inteligencia”, como partícipes de una acción que ahora la ley considera delictiva.
Por otra parte debe recordarse que esta figura delictiva es introducida por la ley 27.126 en marzo de 2015, por lo que aquellos individuos que han realizado inteligencia de modo ilegal, con posterioridad a esa fecha, pueden ser condenados en base a esta norma. Si fueron y/o son funcionarios y empleados esta responsabilidad es directa, a partir de lo establecido en el artículo 43 ter de la ley 25.520. Aquí solo es necesaria la condición de funcionario o empleado público, sin ninguna condición especial. De no reunir esta condición, podría condenárselos como partícipes.
En un país donde la inteligencia y los “servicios” ocasionaron estragos desde el oscurantismo y la inexistencia de normas específicas como existen en la actualidad, afectando derechos y garantías de los ciudadanos con absoluta impunidad. Hoy, en tiempos de democracia y república, se prevén penas muy severas para quienes tengan por vocación espiar indebidamente a los ciudadanos y más grave aún resulta cuando ese espionaje es utilizado con fines partidarios, políticos, persecutorios, personales, entre otros, que nadan tienen que ver con el objetivo de los servicios de inteligencia que serían la Defensa Nacional y la Seguridad Interior.
Más allá de ese objetivo hacer inteligencia, espiar y escuchar indebidamente a un ciudadano es decir hacer inteligencia fuera de las pautas legales es delito y ahora se pena con prisión de tres a diez años e inhabilitación por el doble tiempo es decir de seis a veinte años.
Los ciudadanos debemos ser conscientes y muy cuidadosos cuando de “inteligencia” se trata, porque desnaturalizar su objetivo e incumplir las exigencias legales, obligadamente es en desmedro de los derechos y garantías de cada uno de los ciudadanos. El espionaje ilegal, no solo vulnera los derechos del ciudadano afectado, perseguido y escuchado, sin que además afecta toda la institucionalidad, la democracia y la república.
Por esta razón deviene necesario investigar y determinar si se ha cometido este delito desde el año 2015, que resulta la fecha en que la inteligencia ilegal pasó a constituir una acción delictiva, y sancionar entonces a los espías delincuentes, a los que obligadamente debe respetarse el debido proceso, la defensa en juicio, y el conjunto de las garantías procesales como marca la constitución nacional.