El 3 de diciembre se dicta la Ley de Inteligencia Nacional nº 25.520, cuya finalidad es “establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de inteligencia de la Nación”. Se fija, por primera vez, mediante ley, las pautas a las que deben someterse las actividades de inteligencia y aquí radica la trascendente que ello resulta para el sistema democrático y republicano que nos rige. El Organismo ejecutor de la inteligencia continúa siendo el “Servicio de Inteligencia del Estado” –SIDE-, no obstante lo cual debe ahora enmarcar su accionar dentro de una legislación dictada por el Congreso Nacional, lo que implica un avance exponencial en cuanto a las garantías y derechos de los ciudadanos, como así también respecto al modus operandi de la inteligencia en nuestro país.
Es preciso destacar las nefastas consecuencias que tuvo la SIDE en épocas de gobiernos de facto, ya que la inteligencia tuvo como objetivo central la persecución de los ciudadanos, sin respetar absolutamente ninguna garantía procesal ni constitucionalidad, avasallando derechos en beneficio de un gobierno autoritario, antidemocrático, y represivo. Es decir se hizo espionaje en contra del pueblo y en favor de un gobierno usurpado ilegalmente por las Fuerzas Armadas. Es por eso, que todo lo concerniente al Servicio de Inteligencia del Estado, hiere en lo más profundo a todos los argentinos, porque cuando la “inteligencia” y el “espionaje” tienen como beneficiario un grupo de represores y usurpadores, sus consecuencias son trágicas, y el simple recuerdo genera escalofríos y por ello la existencia de una ley implica un aporte fundamental para el orden institucional y democrático, como así también para las garantías y derechos de cada uno de nosotros.
El 3 de marzo de 2015, aún en el Gobierno de Cristina Fernández se dicta la Ley 27.126 y el Decreto Reglamentario 1311/15 mediante el cual se dispone una profunda modificación al sistema de inteligencia nacional, con miras a mejorar el funcionamiento de una actividad estratégica para el Estado y avanzar firmemente en la legalización de las tareas de inteligencia en miras a una adecuada protección de las garantías y derechos de los ciudadanos.
Es necesario destacar aquí que el Decreto 1311/15 aprueba como anexo I, la DOCTRINA DE INTELIGENCIA NACIONAL, como anexo II a VI, la estructura orgánica de la Agencia Federal de Inteligencia -AFI- que viene a reemplazar a la SIDE y el régimen profesional del personal y como anexo VII, la administración de fondos de la AFI.
El gobierno de Mauricio Macri dicta el Decreto 656 con fecha 6 de mayo de 2016 a través del cual modifica sustancialmente el Decreto 1311/15, en particular lo atinente a los fondos que se manejan desde la AFI, lo que permite asignar sumas exorbitantes con carácter reservado. Estos fondos no exigían rendición, y por lo tanto su uso tuvo en consideración fines divergentes, discrecionales y desconocidos, lo que avaló una política de “inteligencia” y de “espionaje” sin respetar en absoluto las limitaciones impuestas por la ley y el Decreto 1311/15.
Es decir armaron todo un sistema legal para justificar un espionaje ilegal y esto lo hicieron a través del Decreto 656/16. No obstante lo cual al no modificar la ley, quedaron en vigencia los cuatro delitos que se tipifican en la ley 27.126 y que hoy son los que justifican las citaciones y las investigaciones que se están llevando adelante en nuestro país, y que tienen por imputados a funcionarios y empleados públicos, a personal de la AFI, particulares, y periodistas, en carácter de partícipes de los hechos.
El sistema de inteligencia es el “conjunto de relaciones funcionales de los organismos de inteligencia del estado Nacional, dirigido por la Secretaría de Inteligencia a los efectos de contribuir a la toma de decisiones en materia de seguridad exterior e interior de la Nación.
Existen en la ley cuatro actividades al respecto:
a) Inteligencia Nacional que es la actividad consistente en la obtención reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten a la Defensa Nacional y la seguridad interior de la Nación.
b) Contrainteligencia, que se realiza con el propósito de evitar actividades de inteligencia realizada por otros y que representen riesgo y amenazas a la seguridad militar.
c) Inteligencia Criminal a la parte de la inteligencia referida a las actividades específicas. Para determinados delitos que por su entidad, naturaleza y magnitud afecten las instituciones del Sistema representativo y republicano
d) Inteligencia Estratégica militar, las que se realizan en el ámbito las Fuerzas Armadas y que interesan a la defensa nacional, como al ambiente geográfico y operacional para el planeamiento de la estrategia militar.
Las cuestiones vinculadas a la inteligencia militar y a la contrainteligencia, no son las que generan actualmente en nuestro país mayores cuestiones. Lo atinente a la inteligencia criminal amerita un análisis más profundo, puesto que es discutible si ello debe ser realizado por lo AFI. Estimo pertinente entonces, tratar este tema en un artículo específico.
En cumplimiento a la intención manifestada por el actual Presidente en su discurso en Plaza de Mayo a horas de asumir, y en el que daba “piedra libre” a las “irregularidades” existentes en la AFI, no sólo funcionales, sino además respecto a la administración de “fondos reservados” dicta una serie de decretos con la clara intención de regularizar la situación de los fondos y del accionar de la AFI.
Es así que el 20 de diciembre de 2019, a solo 10 días de haber asumido dicta el Decreto 52/2019 en el que da los primeros pasos en su intención de fortalecer la legalidad de la inteligencia nacional. En tal sentido toma las siguientes decisiones:
1. Interviene la AFI por un plazo de 180 días y coloca como interventora para su normalización con instrucciones precisas a la Dra. Cristina Liliana Caamaño Iglesias País. Este plazo fue prorrogado hasta el mes de diciembre del corriente año.
2. Deroga el Decreto 655 de fecha 6 de mayo de 2016 que le permitió al Gobierno de Macri llevar adelante actividades en claro avasallamiento de los principios plasmados en la Ley 25.520 y su modificatoria, en particular lo atinente al manejo de fondos reservados.
3. Modifica el régimen de intervención de fondos reduciendo las partidas confidenciales al mínimo indispensable para su funcionamiento.
4. Transfiere a la Jefatura de Gabinete de Ministros los fondos reservados que excedan a los necesarios para el normal funcionamiento del organismo, para su posterior reasignación a las políticas públicas nutricionales y educativas que resulten estratégicas para abordar la emergencia social.
5. Pasa a disponibilidad al personal que resulte innecesario y que implique gastos impropios.
6. Ordena revisar las compras y contrataciones realizadas durante la vigencia del Decreto 656/16, es decir aquellas realizadas durante la gestión de Mauricio Macri.
7. Instruye a la Ministra de Seguridad y al de Defensa, para que proceda a informar a la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre los fondos reservados asignados a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Cuerpos policiales, que excedan los necesarios para su normal funcionamiento con el objetivo de su posterior reasignación a las políticas nutricionales y educativas que resulten estratégicas para abordar la emergencia social.
Asimismo el Gobierno dicta el DNU 214/2020 del 4 de abril del corriente año, a través del cual modifica el artículo 4 de la ley 25.520 con el claro sentido de establecer restricciones funcionales a las actividades de la AFI, lo que resulta sustancial en materia de inteligencia y de doctrina, no obstante lo cual ello será motivo de análisis posterior, como también la limitación que emerge de la Resolución 17/2020 dictada el 13/1/2020 respecto a las investigaciones criminales.
He tratado de hacer una síntesis, lo más clara posible respecto a los aspectos salientes y los lineamientos de la normativa vinculada a la Inteligencia Nacional, para desarrollar luego, en otro artículo, lo atinente a la inteligencia en materia de cuestiones criminales y a los delitos tipificados en esta legislación, y que están dando lugar a las investigaciones que se llevan a cabo
Todo lo que se avanzó con el gobierno de de la Rua al dictar la primera ley sobre inteligencia nacional (25.520) en el año 2001, como el fortalecimiento que se hace durante el gobierno de Cristina Fernández con la ley 27. 126 y el Decreto reglamentario 1311/2015, es destruido, transfigurado y detenido por el gobierno de Mauricio Macri, con el dictado del Decreto 656/16. Este Decreto implica un retroceso a épocas muy penumbrosas para nuestros sentimientos republicanos y democráticos.
El Gobierno de Alberto Fernández, estaría dando muestras claras y contundentes que pretende reestablecer la plena vigencia del sistema instaurado por la ley 25.520 y 27126. El Servicio de Inteligencia resulta sustancial para la defensa nacional y la seguridad interior y exterior de cualquier país. Cuando la información que recaban estos organismos, no esta destinada a cumplimentar estos objetivos, sino que se desvía en tareas que afectan las garantías y derechos de los ciudadanos, en operaciones periodísticas con fines políticos y de persecución criminal y en escuchas ilegales a diestra y siniestra, realmente estamos en un problema Institucional muy serio. Si a ello se suma el carácter reservado de los fondos que maneja, aprovechando el secreto que ostentan las tareas e información que recaban los servicios de inteligencia, para no trasparentar esos fondo, es evidente que llegó el momento de “blanquear” y hacer frente a aquellos cuestiones que no necesariamente deben ser secretas, como el manejo de algunos fondos, como así también es necesario delatar aquellas funciones que nada tienen que ver con la defensa nacional y la seguridad interior y exterior del país. La República lo exige y el Pueblo también
Continuará….
