Para que opere el “estado de excepción” es condición sustancial la existencia de una necesidad, normalmente vinculada a la soberanía o la seguridad de una Nación: Por eso aparece como ejemplo paradigmático y relevante, la declaración del estado de sitio. En nuestro país el artículo 99 inciso 16 permite al Presidente aplicar este mecanismo institucional, en caso de ataque exterior y/o conmoción interior.
Así, el “estado de excepción” aparece regulado en la propia constitución, no obstante lo cual existen, extremos donde este estado de excepción no tiene siquiera una validación jurídica que le otorgue el propio sistema jurídico o institucional de un país.
Otro ejemplo claro de “estado de excepción”, serían los Decretos de Necesidad y Urgencia –DNU- en donde el poder ejecutivo asume facultades propias del poder legislativo y dicta normas con rango de ley, pero mediante Decreto. En nuestro país el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, permite al presidente en casos excepcionales dictar este tipo de decretos.
No es mi intención aquí explicar en profundidad el concepto de “estado de excepción” desarrollado por Giorgio Agamben, simplemente destaco sus características más salientes para entender el estado de excepción vigente en nuestro país, y generado con motivo y en ocasión de las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional y Provincial, para contrarrestar los efectos de la pandemia.
Observamos que el estado de excepción requiere obligadamente una justificación, o sea una necesidad que exige protección por parte del Estado, la cual no puede brindarse en el marco del orden institucional ordinario. El Derecho a la Vida y a la Salud de los habitantes constituye la justificación incuestionable para imponer este estado de excepción vigente en la totalidad de las naciones del mundo.
Debe consignarse que para Agamben, el “estado de excepción” en muchos países, aparece como una medida ilegal, pero a la vez perfectamente jurídica y constitucional que se concreta en la producción de nuevas normas. Lo ilegal estaría dado por el carácter excepcional de las medidas, en nuestro caso concreto se exige que el Congreso de la Nación sea justamente quien dicte las leyes estableciendo las limitaciones a los derechos y libertades individuales. Sin embargo nuestro sistema constitucional admite y recepta la posibilidad de generar este estado de excepción, y es así que, como lo consignáramos, el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, otorga al Poder Ejecutivo la potestad de dictar decretos de necesidad y urgencia.
Hasta aquí podemos decir que con motivo de la pandemia se ha generado un derecho excepcional que claramente recorta libertades y modifica el ordenamiento jurídico de modo excepcional y por eso estimo, que estamos transitando, en algún punto ese estado de excepción del que habla Giorgio Agamben.
Sin embargo justamente por constituir una situación excepcional y más allá que este prevista en la Constitución Nacional, debe transitarse con mucha cautela y con una mirada restrictiva y una concepción pro hombre y pro libertad.
Agamben, expresa que aun cuando los ordenamientos jurídicos pueden admitir, regular y justificar este “estado de excepción”, como el caso de nuestro país,, formula una serie de reparos y miradas filosóficas profundas que en algún punto ponen en jaque la verdadera fuerza legal de este estado de excepción, la verdadera “legalidad” de las normas dictadas en este contexto excepcional.
Más allá de los embates y cuestionamientos filosóficos que pueden hacerse al estado de excepción generado en las repúblicas occidentales, con motivo de la pandemia y las innumerables medidas tomadas por el Presidente Alberto Fernandez, en formato de Decretos de Necesidad y Urgencia, lo cierto es que estamos atravesando un “estado de excepción” que se justifica en la necesidad de tomar medidas para preservar la vida y la salud de todos los habitantes de nuestra Nación.
De todas maneras, y sin perjuicio de la justificación jurídico política e institucional que puedan ostentar el estado de excepción, debemos estar muy atentos, en cuanto a su ejercicio y vigencia, a dos cuestiones centrales:
1. Que las limitaciones a los derechos individuales deben ser de “última ratio” y de extrema necesidad, y siempre con una concepción “pro homine” y “pro libertatis”, y
2. El estado de excepción debe ser temporario y lo más acotado posible en el tiempo.
El gran problema del Poder, en general, es su tendencia a extralimitarse, a tornarse represivo y autoritario. Pareciera que estas condiciones son intrínsecas y propias del ADN de cualquier Poder. El estado de excepción que estamos atravesando, debe ser justamente excepcional, en cuanto a la forma y fondo. Debe exigirse a este estado de excepción instaurado con motivo de la pandemia y plasmado en los innumerables DNU dictados por el Poder Ejecutivo, ser lo más acotado posible en el tiempo y claramente aplicado con carácter hiper-restrictivo y con una concepción claramente garantista y protectora del resto de las libertades individuales.
Ello es así, porque cuando un estado de excepción queda permanente y se naturaliza su ejercicio, claramente y de modo solapado estamos transformando y afectando el propio sistema republicano y ello permitiría un gobierno autoritario, represivo y claramente vulnerador de las libertades y derechos individuales.
Desde mi modesta mirada, estimo que estamos transitando un estado de excepción. Las medidas tomadas, con motivo y en ocasión de la pandemia, están legitimadas justamente por la necesidad de preservar la vida y la salud de todos, a la vez que la posibilidad de dictar dichos DNU tiene en nuestro país raigambre constitucional.
Los ciudadanos debemos estar muy atentos para que este estado de excepción sea lo más acotado posible en el tiempo, en la forma y en las limitaciones que impone a las libertades. El Congreso de la Nación debe ir pensando seriamente en recuperar su capacidad legislativa, porque si la pandemia vino para quedarse, de ningún modo eso pude habilitar que se quede este estado de excepción.
