En 2018, Thierry Rostan, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) señaló que el 72 por ciento de las víctimas detectadas en el mundo son del género femenino; es decir el Informe Global puso énfasis en las mujeres como la población afectada y señaló a Sudamérica (93 %) como una de las regiones con alta incidencia de este delito, afectando en un 51 por ciento a mujeres adultas y, en un 31 por ciento a niñas.
Este grave delito de violación de los derechos humanos ocurre frontera dentro de los países de la región y en el extranjero. Las cifras que se reportan a escala mundial de personas traficadas, de las cuales la mayoría es víctima de explotación sexual nos indica en primer lugar la condición por género, además de la condición de clase y la racialidad que atraviesa a las víctimas.
Hasta aquí algunos datos para ilustrar la magnitud de este delito de lo que se llama el crimen internacional organizado. Sin embargo, que hay detrás? El detrás tiene historias de vida, de violencias, con quiebres profundos en las familias, de ausencia de derechos económicos, sociales y culturales. Historias que tienen nombres y apellidos. Historias que tienen la marca del desamparo, de la desidia, de la complicidad de quienes mercantilizan seres humanos con Estados ausentes.
“No sabía que era víctima de trata” es una frase que se repite en quienes han pasado por la experiencia de este delito. Confundidas, creen ser culpables de haber cometido un delito. Engañadas con falsas promesas les roban la identidad, era “Sol” de noche, me habían teñido de rubio platinado y puesto lentes de contacto de “color”, me dijo con la mirada perdida. Así, con una escala en la peluquería –cómplice- pasó al local donde supuestamente serviría copas; y luego lo no dicho, el famoso “pase”. Noche tras noche.
De pronto, el supuesto “trabajo” no es otra cosa que la explotación en un prostíbulo, prohibidos en Argentina por Ley 12331 (1936) sin embargo, ahí se ve la complicidad del Estado en la cadena del sistema prostituyente “legalizando” con ordenanzas locales donde son ingresadas periódicamente mujeres para ser explotadas sexualmente. Esta cadena invisible de la mano de la institucionalidad es la que sostiene a la trata en el mundo.
Las cifras globales nos señalan la hegemonía del patriarcado en una fuerte alianza con el capitalismo, dónde todo se compra y todo se vende. Donde los cuerpos pierden la dimensión humana para responder como maquinitas por la gran ciudad, como dice una canción del franco-español Manu Chao. Despojadas de sus identidades, ultrajados sus cuerpos intentan justificar la explotación como “trabajo”. Cabe aquí una frase de la activista feminista Sonia Sánchez que interpela al estado y la sociedad toda: “nos hacen puta, nos construyen puta”.
El prostíbulo es la institución visible, la punta de un iceberg que encierra un entramado de actores que dinamizan este negocio a costa de una inmensa cantidad de mujeres disponibles para ser explotadas económica y sexualmente por cientos de varones. El Estado, despliega una estructura que se retroalimenta sosteniendo la relación de subordinación de las mujeres en complicidad con algunos sectores del poder Judicial, la policía, la política. De esta manera se transforman en promotores de la explotación comercial o industrial de millones de mujeres en el mundo.
Desde los medios de comunicación podemos desentrañar contextualizando la información, narrando las circunstancias que atraviesan las mujeres que han sido víctimas de trata. Correr el velo de las complicidades entre diversos poderes del Estado: justicia, policía y también desde algunos actores de la clase política que hacen la “vista gorda”, cuando no pagan por el uso sexual del cuerpo de las mujeres.
Es necesario que quienes ocupan cargos de gestión pública en los Ejecutivos y en los ámbitos legislativos trabajen en la implementación de políticas públicas con acciones de anticipación, para evitar que más mujeres, niñas, niños, personas trans y travestis sean objeto de este delito.
Por ello, la articulación entre estamentos del Estado, la coordinación de recursos para identificar el problema y evitar las consecuencias, que no son otras que la violación de los derechos humanos de las personas afectadas.
La trata de personas en sus distintas aristas (trabajo forzado, tráfico de órganos, entre otros) no es una efeméride en la que solo hay que reparar cada 30 de julio, sino una responsabilidad que tienen los Estados respecto de la protección de los derechos.