La Fiscalía de Investigaciones Administrativas, tras casi dos meses de cuarentena por la pandemia de coronavirus y de dictado el decreto de aislamiento social obligatorio, dio a conocer este lunes una serie de recomendaciones tras una catarata de denuncias sobre excesos policiales en las detenciones a personas durante este periodo.
El dictamen del fiscal Juan Carlos Carola -fechado el 12 de mayo pero dado a conocer hoy- hace hincapié sobre las requisas “íntimas”, que en fueron denunciadas por mujeres que aseguraron haber visto invadida su intimidad cuando fueron obligadas a desnudarse tras ser detenidas.
Allí se hace referencia a una serie de investigaciones por denuncias recibidas vía corre electrónico, todas con “un común denominador” que es “el cuestionamiento al accionar policial en el marco de la pandemia del Covid-19” y, en especial, planteos “consistentes y sostenidos por mujeres que se sintieron maltratadas y humilladas”.
Según el dictamente, desde la Policía respondieron que se trata de “procedimiento de rutina” para quienes ingresen en calidad de detenidos o detenidas. “Se hacen en forma individual cuidando el pundonor y siempre por personal policial del mismo sexo”, señalaron. ¿El objetivo? “Constatar si ocultan algún elemento” cortante o punzante o sustancia, detallaron.
En las conclusiones, Carola sostiene que las personas detenidas en esta “infracción” probablemente “no lleven consigo armas de fuego ni elementos peligrosos por lo que sería suficiente solo la requisa de ropas”.
Y pidió, en caso de que sean necesarias las “requisas íntimas”, que se realicen “bajo ciertas condiciones” como que sean “en un lugar reservado, que resguarde la intimidad de la persona requisada”, que sea llevada a cabo por “personal del mismo sexo, respetando la identidad de género” y practicada “evitando toda coacción y/o intimidación innecesaria”.
Además, desde la FIA reclamaron que se debe “evitar la invasión de la intimidad” salvo “disposición judicial” o en caso que existan “serias sospechas de la presencia de elementos peligrosos” y siempre dando notificación a la autoridad judicial interviniente.
Desde que comenzaron los controles -sobre todo en las primeras semanas- se reprodujeron públicamente numerosas denuncias sobre el accionar policial. Desde mujeres maltratadas en comisarías, retenciones de vehículos hasta agresiones y vejámenes.
Algunos de esos casos, como el del joven Francisco Vivandelli en la Alcaidía de General Acha, están judicializados. El chico terminó con graves lesiones tras ser detenido: apareció inconsciente en un calabozo y tuvo que ser internado, mientras que cuatro policías fueron acusados formalmente por el hecho.
