Los ministros de Gobierno, Pablo Bensusan, y de Seguridad, Horacio di Nápoli, minimizaron este miércoles las denuncias por violencia institucional en el marco de los controles de la pandemia y consideraron que hubo hechos “aislados” y respaldaron a la fuerza policial. “Violencia institucional es otra cosa”, interpretó Bensusan, que sostuvo que no existe una organización “específica” para incurrir en abusos policiales ni respaldo orgánico a esas irregularidades.
El radicalismo consiguió una suerte de interpelación a raíz de los atropellos policiales. El oficialismo se había comprometido a atender esa demanda, pero las semanas fueron pasando y el compromiso no se cumplió. Finalmente, este miércoles desde las 10 horas fueron los dos ministros a la cámara con el propósito de dar explicaciones ante los casos de atropellos policiales.
El planteo lo hicieron, en distintos momentos y tonos, tanto el radicalismo como el PRO, a raíz de distintas denuncias por episodios de violencia institucional. En algún momento el jefe del bloque justicialista, Julio “Tato” González les dio su palabra a las bancas opositores respecto de que no habría obstáculos para esa visita, que incluso ya había sido aceitada con el Ejecutivo cuando se produjo el relevo del jefe policial Roberto Ayala.
Esa circunstancia postergó la posible visita, pero la oposición empezó a mirar el asunto con cierta desconfianza.
Los hechos de violencia institucional quedaron en el centro de la escena, sobre todo, desde el inicio de la cuarentena: el gobierno separó de la fuerza a más de una decena de uniformados por distintos hechos.
Las denuncias en el oeste, la agresión contra un puestero de Telén, el cambio de efectivos en Victorica, repusieron el tema en la agenda, especialmente del radicalismo, que por medio de su presidente de bloque Francisco Torroba insistió para que se concrete la visita de los dos ministros.
A eso se sumó la situación acaecida en Catriló, donde el empresario Luis Bompadre también denunció haber sido víctima del maltrato por parte de efectivos de ese lugar.
Aunque el hecho tuvo aspectos confusos y el propio denunciante primero demoró en formalizar la denuncia y luego contradijo públicamente algunas de las versiones que aportó originalmente, el episodio sirvió para que la oposición reafirmara sus intenciones de exigir explicaciones a los referentes del Ejecutivo.
A esto se suma que el Consejo Federal de Derechos Humanos, con obvia participación de La Pampa, manifestó preocupación por los episodios de violencia institucional que se registran en distintos puntos del país. La problemática está en los primeros planos a partir de hechos de gravedad, incluso fatales, y en especial por la situación de Facundo Astudillo Castro en la provincia de Buenos Aires.
Este miércoles, antes de ingresar al encuentro, ante la prensa, Bensusan dijo que “violencia institucional es otra cosa, es cuando hay una organización específica y eso no pasa en La Pampa”.
“No, no, hablar de violencia institucional es otra cosa”, aseveró cuando fue abordado por la prensa al ingresar a la Cámara de Diputados de La Pampa.
“Violencia institucional es cuando desde el estado hay una organización específica para que haya abusos en diferentes organismos, abusos de poder. Eso es violencia institucional y en la provincia de La Pampa, lejos de eso estamos”, reafirmó.
“La policía tiene los méritos suficientes para que n o se hable de violencia institucional. Son casos aislados”, insistió.
El funcionario provincial detalló que hubo “25 o 27 denuncias, en todos estos meses de aislamiento”. “Son casos que nos preocupan pero no son la generalidad. Además hemos dado intervención a la FIA, a la justicia cuando correspondía y las investigaciones están en curso”, finalizó.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, evitó dar precisiones sobre la ley de Seguridad Ciudadana pero reconoció que en la provincia puede haber un jefe de la fuerza que no sea policía.
“Detalles de la ley se Seguridad Pública y Ciudadana no vamos a dar, hay un proyecto que estamos preparando y que en un mes más o menos va a estar en manos del gobernador”, explicó.
“Se fusionan las dos normas jurídicas de facto además de otros organismos de seguridad que vamos a integrar en ese proyecto. Se trabaja en la profesionalización y tendrá entre otras cosas, la creación de un Consejo Superior que integrarán organismos de derechos humanos, la policía, organizaciones”, dijo.
Sobre la posibilidad de designar a un jefe civil, Horacio di Nápoli aseveró que “está siendo evaluado. Con los organismos nos hemos reunido en dos o tres oportunidades, vamos charlando varias ideas, se está discutiendo y se está participando en la elaboración”.
Fuente: El Diario de La Pampa.
