En un «día histórico», como lo calificaron concejales oficialistas y opositores, se aprobó este jueves al mediodía la municipalización del transporte urbano de pasajeros en Santa Rosa desde el próximo 1 de junio. Solo votó en contra de la decisión la concejala del tiernismo, Fabiana Castiñeira, por reparos formales. La propuesta del intendente Luciano di Nápoli se aprobó por amplia mayoría. En cambio, los términos del convenio de recisión no fueron avalados por los bloques opositores y lo votaron siete ediles del oficialismo.
El Concejo Deliberante de Santa Rosa avanzó en la municipalización en la sexta sesión ordinaria del periodo 2020. Los opositores solo plantearon cuestionamientos a los términos de la rescisión. Pero no hubo voces disidentes con la decisión política de avanzar en la municipalización. La concejala tiernista Fabiana Castiñeira pidió suspender el tratamiento al inicio de la sesión, pero fue rechazada esa pretensión por el resto. Ella aclaró que, en el fondo, está a favor de la municipalización, pero objeto la legitimidad del convenio de rescisión y el estado de la unidades que recibirá el municipio para iniciar el servicio.
«Es una decisión histórica, trascendente, estructural, y el cumplimiento de una promesa de campaña», remarcó el concejal oficialista, Mariano Rodríguez Vega, que fue el miembro informante del despacho, encargado de defender la propuesta. Aprobaron la municipalización los oficialistas Paula Grotto, Mariano Rodríguez Vega, José Depetris, Juan Lima, Analía Torres, Natalia Sueldo y Alba Fernández. También el bloque del FrePam, Claudia Giorgis, Gustavo Estavilla y Pablo Pera, y el macrista Marcelo Guerrero.
Para realizar la sesión, se adoptaron medidas de prevención sanitarias correspondientes a la pandemia de coronavirus. Es por ello que concejales y concejalas mantuvieron distancia en sus bancas, al igual que la presidenta y el secretario legislativo. Sólo ingresó un asesor o asesora por concejal o concejala y se sentaron respetando dos asientos entre cada persona, a fin de evitar aglomeración.
Por otra parte, antes de comenzar la sesión, los trabajadores del diario La Arena colaron su reclamo, con carteles en las bancas, por haber cobrado menos de la mitad del sueldo, a partir de la demora en los pagos del programa al que accedió ese diario para que el gobierno nacional, a través de la ANSES, se haga cargo de la mitad del salario de los empleados.
Decisión «trascendente»
La concejala tiernista, Fabiana Castiñeira, pidió suspender el tratamiento de los dos proyectos, hasta que haya una autorización judicial de que la empresa Autobuses Santa Fe firme la rescisión del contrato del servicio concesionado. Sin embargo, el resto de los concejales rechazó su pretensión. «Que pasa si el juez del concurso declara nula la concesión de los micros y hay que entregarlos para que se cobren los acreedores. El juez del concurso tiene la obligación de someternos a proceso penal o nos demande por daños y perjuicios», argumentó la concejala tiernista. Por unanimidad, se rechazó su moción.
De ese modo, comenzaron a tratar el orden del día está compuesto por los despachos surgidos del plenario de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas; Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Administrativa y Reglamentaciones, desarrollado el pasado martes, donde se trató la rescisión del contrato del contrato de común acuerdo de la Municipalidad con Autobuses Santa Fe y la creación del Ente Municipal de Servicio Urbanos.
El concejal del FreJuPa, Mariano Rodríguez Vega, defendió con «orgullo» la decisión «trascendente» de rescindir el contrato, en un acuerdo de partes, y municipalizar el trasporte urbano con el pase a la órbita del ente a crear de los 69 empleados enmarcados en el convenio colectivo de la UTA. Las unidades de la empresa quedarán un año en manos del municipio.
Reivindicó desde la «identidad política del peronismo» el resguardo de las fuentes laborales de los choferes que seguirán en sus puestos a partir del cambio de figura en el servicio público. Dijo que la falta de calidad de la prestación motivó, en parte, la decisión política de avanzar en la municipalización sin el objetivo de la rentabilidad como primer orden.
«El municipio seguirá reclamando por las deudas», aclaró, en relación a las multas que tiene pendiente la empresa por las falencias en la prestación del servicio.
Rodríguez Vega dijo que los subsidios nacionales y el corte de boleto permiten a la comuna asumir el costo financiero del transporte urbano de pasajeros. «Los recursos van a quedar en el circuito local», valoró.
Prometió que desde el municipio se estudiará la forma de mejorar el servicio y de ampliarlo y planificarlo con la mira puesta en el plan estratégico del crecimietno de la ciudad.
«Es una decisión histórica y el cumplimiento de una promesa de campaña. Por primera vez un municipio en Santa Rosa decide la estatización», destacó.
Por su parte, el edil del FreJuPa, Juan Carlos Depetris relacionó la municipalización del transporte con hitos en la historia de la ciudad, como la creación de la Cooperativa Popular de Electricidad hace casi ocho décadas atrás. “Es inevitable en estas circunstancias traerá a colación aquella decisión de un conjunto de vecinos con este día memorable, que quedará como el día que el municipio, la expresión máxima de los vecinos, tomó bajo su control un servicio público de vital importancia”, remarcó. También destacó «el cumplimiento de la palabra empeñada» por su fuerza política.
Desde la oposición, abrió el juego la concejala Claudia Giorgis. “Tenemos un día para celebrar, los usuarios van a dejar de padecer el servicio con las empresas que pasaron durante muchísimos años. Es un desafío importante, tenemos expectativa de generar un modelo de servicio propio no adaptado al lucro de los empresarios sino a las necesidades de los usuarios de la ciudad”, dijo desde el bloque del FrePam.
La opositora elogió que se hayan asfaltado los recorridos del transporte urbano a fines del año pasado. Giorgis dijo que “el servicio es bueno, con un precio justo y razonable, mayor cantidad de tente lo va a usar, no solo quienes no tienen otra posibilidad, sino que sea una herramienta para desalentar el uso del auto particular y la moto, algo que generaría múltiples beneficios en prevención de accidentes, la cuestión ambiental o el embotellamiento en el centro”, apuntó.
Giorgis mencionó como «modelo a seguir» la estatización de la recolección de basura en la ciudad y la eficiencia del EMSHU, que permitió que las empresas privadas se siguieran llevando millones de pesos como lo hicieron durante casi treinta años en la capital pampeana. Puso énfasis que su bloque «tuvo una actitud absolutamente positiva y de colaboración porque esto no se trata de oficialismo u oposición, sino problemas de la ciudad que hay que resolver».
El concejal radical Pablo Pera confió la «coincidencia» con la decisión del intendente. «La pusimos de manifiesto el mismo día que lo anunció el intendente. Dimos el apoyo político, veíamos con buenos ojos la propuesta. Pero siempre ese espaldarazo que dábamos tuvo también la responsabilidad y la precaución de hacer reparos, sobre todo en cómo se iba a dar la rescisión», aclaró.
En ese sentido, dijo que coinciden en la continuidad de los 69 trabajadores porque son necesarios para prestar el servicio que lleva 3,5 millones de pasajeros al año. “Pero también tenemos dudas, no podemos dejar de remarcar que deben quedar claros los aspectos de la rescisión”, alertó.
Diferencias por la rescisión
Entrando en detalles, el radical Pera puso reparos que “no permiten conciliación” en algunos puntos del convenio entre la empresa y el intendente. Uno de ellos es que Autobuses está en concurso de acreedores y que la concesionaria carece de facultad de firmar el convenio sin autorización de la justicia. “Afecta a bienes registrables el convenio y excede a la normal administración al rubro al que se dedican”, indicó.
“Otra de las observaciones es que cuando se establecen las facultades o el poder que le quedará al municipio sobre la empresa, hay dos cuestiones que la municipalidad va a poder reclamar, las tasas y las multas”, dijo.
“No vamos a acompañar porque la municipalidad se hace cargo de los pagos por los juicios que hicieron las organizaciones de discapacidad. La comuna no va a poder pedirle eso a la empresa. Al menos la redacción no es clara, nosotros lo interpretamos de una forma y el oficialismo de otra”, explicó. «Esto debiera quedar más claro», insistió.
«Este es un día histórico, pero también tenemos responsabilidad y no podemos acompañar el proyecto de rescisión que se presenta», adelantó.
El concejal de Propuesta Federal, Marcelo Guerrero, también acompañó la decisión de la municipalización. Pero se sumó a los reparos al convenio de rescisión, y no acompañó ese proyecto. Dijo que falta un dictamen de la sindicatura que autorice a la empresa la firma del convenio, no se prevé una indemnización de la empresa a los trabajadores, y la comuna deberá hacer frente a la sentencia firme en la justicia por no cumplirse los requisitos de accesibilidad en el servicio para las personas con discapacidad.
El oficialista Juan Lima dijo que «tenemos la misma responsabilidad» en esta decisión. «Para municipalizar hay que rescindir primero. La respuesta a Pera es que las aclaraciones que dieron los funcionarios en el plenario de comisiones del martes nos dan la posibilidad de tomar decisiones para avalar la rescisión. No se eligen los momentos para tomar decisiones, hubo una decisión contundente porque para hacer una cosa, primero hay que hacer la otra. Este ente le va a cambiar la vida a los usuarios del servicios en la ciudad», replicó.
Pera aceptó el contrapunto. «Coincido, todos tenemos la misma responsabilidad. Pero desde nuestros bloques tenemos una desventaja, el oficialismo pudo participar de la rescisión, en cambio nosotros no tuvimos participación. Es por eso que no votamos una rescisión contractual acordada porque hacemos las observaciones que no pudimos hacer en su momento», dijo.
Depetris manifestó que «entendemos la posición de ustedes pero no las compartimos». De todos modos, destacó «el nivel de coincidencia que tenemos de aquí en adelante». «Vamos a trabajar en conjunto como el vecindario lo reclama, celebro las coincidencias y respeto las diferencias. Muchas gracias por el sentido común», cerró.
Seguimiento y boleto
Este jueves, también el Concejo se constituyó en comisiones para sacar despacho unánime para avalar la iniciativa del bloque de concejales y concejalas del Frepam, Propuesta Federal y Bloque Comunidad Organizada, para crear la “Comisión de Seguimiento y Control del Servicio de Transporte Urbano de pasajeros de la ciudad de Santa Rosa”. Además de las autoridades municipales, la comisión estará integrada por un concejal de cada bloque, miembros de ONG, todos con voz y voto.
También se aprobó por unanimidad otro proyecto de los bloques opositores para incorporar un capítulo que establecerá el costo del boleto del Servicio de Transporte Urbano colectivo de pasajeros a la Ordenanza Fiscal Nº237/86 según texto ordenado por Resolución 1463/2019.I.4. El boleto lo establecerá el Concejo, aunque durante el año el Ejecutivo podrá disponer actualizaciones, según lo aprobado.
Los ediles se pusieron de acuerdo en no realizar la audiencia pública prevista para fijar la tasa a partir de la situación planteada por la epidemia del coronavirus. Sin embargo, hubo un voto disidente, el de la concejala tiernista Castiñeira. «Hay motivos fundados para tomar esta decisión, bajo la responsabilidad de cuidarnos en la pandemia», la cruzó Depetris.
«Esto acelera los tiempos para que el municipio llegue de la mejor manera al 1 de junio. Celebramos que el Ejecutivo haya tomado esto como una ayuda y haya convertido el proyecto nuestro en una ordenanza», destacó el radical Pablo Pera.
La viceintendenta Paula Grotto reconoció que «no había grandes diferencias con la herramienta que había pensado el Ejecutivo, por eso arribamos a este proyecto».
Otros proyectos
La de este jueves es la 1425° reunión y entre los asuntos entrados se enumeran el proyecto de ordenanza presentado por el concejal del bloque de Propuesta Federal, Marcelo Guerrero, que establece el Manual de Buenas Prácticas Ambientales Municipal. También otra iniciativa del mismo edil por el cual el CD solicita al Departamento Ejecutivo que eleve al Poder Ejecutivo provincial el pedido que autorice la actividad de bares, cafés y locales gastronómicos que no cuentan con la modalidad delivery en la ciudad de Santa Rosa.
Redujeron tasa
Los ediles aprobaron una reducción del 50% a la Tasa por inspección de Seguridad e Higiene a determinados rubros y subrrubros, en los meses de mayo y junio, atento a la crisis por la pandemia que golpea a los comerciantes de la ciudad.
Otro cruce con Castiñeira
En primer lugar, ingresó y pasó a comisión una iniciativa de la concejala de Comunidad Organizada, Fabiana Castañiera, mediante el cual se crea el Consejo Económico Social Local. La concejala tiernista manifestó que era necesario para atender la emergencia social ante la pandemia y tildó de demagógica a la gestión del intendente Luciano di Nápoli.
“No es necesaria la creación para atender la cuestión social. Ya se están atendiendo los problemas. Esta gestión declaró la emergencia social. No se puede hablar tan livianamente de algunas cosas. Los concejales estuvieron en el lugar, hay que tener más cuidado con lo que se dice”, dijo el oficialista Mariano Rodríguez Vega. “Rechazo el mote de demagógica para esta gestión. Lo que nos guía es ayudar, no hacemos demagogia con las necesidades de la gente”, expresó otro oficialista, Juan Carlos Depetris.
