La maniobra que derivó en una causa judicial con el diputado Espartaco “Taco” Marín como investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico o lavado de dinero se armó en la Agencia Federal de Informaciones (AFI) en la época del gobierno de Mauricio Macri, según pudo confirmar el propio legislador a partir de información que recolectó en el organismo.
Tal como habían anunciado tanto Marín como la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño, se reunieron a fin de que el diputado pudiera hacerle una serie de planteos vinculados con el caso, que fue impulsado por el fiscal Leonel Gómez Barbella y que derivó en un sobreseimiento ante la falta de pruebas o de algún indicio que justificara el impulso del expediente.
La causa se inició de manera insólita, cuando trascendió un supuesto listado de presuntos involucrados en actividades ilícitas. Una nota de la Fiscalía Federal con asiento en Santa Rosa se filtró a los medios y anduvo por varias oficinas públicas.
En la AFI hay papeles que ratifican que la maniobra se gestó dentro del organismo.
Dos “agentes” incapaces
Tras el encuentro con Caamaño, Marín no quiso hacer demasiadas precisiones sobre lo que conversó o confirmó. Pero sí quedó ratificado que el inicio de la “investigación” se dio a partir de que dos agentes que respondían a la AFI elaboraron un informe en el que amontonaron una serie de nombres que, según decían, había que poner bajo la lupa.
Eso ocurrió en el año 2016 y uno de esos “agentes” fue un reconocido excomisario de nuestra provincia, que ocupó lugares estratégicos dentro de la Policía provincial.
Lo curioso es que además de cumplimentar esa tarea por fuera del organismo, cuando quiso ingresar de manera permanente a la AFI no lo pudo hacer ya que no superó uno de los test básicos que se les hacen a quienes pretender formar parte de esa planta.
El que lo acompañó en la tarea de la causa que armaron contra Marín y compañía es una persona de su extrema confianza que sí pertenecía a la AFI: ese hombre, que reside en Santa Rosa, finalmente fue expulsado del área de Inteligencia, cuando ya se escuchaban comentarios insistentes sobre supuestos problemas de alcoholismo.
En síntesis: la causa sobre supuesto narcotráfico y lavado de dinero, que explotó de modo sensacionalista en algunos medios y que mantuvo muy activo al fiscal Gómez Barbella, comenzó en las manos de un agente que se demostró incapaz de ingresar a la AFI y de otro que no pudo sostener ese trabajo por su inconducta.
Arribas-Majdalani
Aun así, la causa avanzó varias instancias, lo cual genera lógicas suspicacias y aún mantiene preocupado a Marín por averiguar en dónde y con qué intenciones se inició la maniobra (amén de que estudia a fondo qué tipo de acción judicial iniciar contra el fiscal, que encabezó la “investigación”).
Según se pudo saber, la documentación formal que la AFI derivó en el Poder Judicial lleva la firma de un funcionario del área de Asuntos Jurídicos en Buenos Aires: esa persona, de apellido Padilla, habría consultado con las autoridades superiores de ese momento respecto de los pasos que debía dar, incluso advirtiendo la presencia “sensible” de un diputado electo.
La orden que vino de arriba habría sido hacer la presentación judicial. Después se supo de la debilidad argumental y probatoria de esa presentación, en la que había una veintena de nombres de diverso origen (además de Marín aparecieron dos comisarios, un sacerdote, algunos empresarios y punteros políticos).
Durante el gobierno macrista, el jefe de la AFI fue Gustavo Arribas, quien tiene vínculos estrechos -incluso comerciales- con Carlos Javier Mac Allister (precandidato legislativo del PRO en 2017).
En su momento, el senador radical Juan Carlos Marino, denunciado por abuso, argumentó que la causa en la que finalmente fue sobreseído había sido armada por funcionarios macristas en un grupo que integraban Arribas y Mac Allister.
A su vez, buena parte de las decisiones más políticas de la AFI pasaban directamente por las manos de la subdirectora Silvia Majdalani.
“Chusmerío” con impacto político
A aquel planteo de una supuesta “organización” en La Pampa se le dio tanto aire que se sugirió la apertura de una delegación especial en nuestra provincia para investigar esos temas.
Aunque mediáticamente el caso se conoció recién en 2019, formalmente los primeros pasos se dieron en 2016. En 2017 hubo elecciones legislativas. Marín sonó en algún momento como probable precandidato a diputado nacional. Ya era el jefe de bloque del peronismo, cargo que perdió este año -después del escandalete de 2019- a manos del vernista Julio González.
Ante una consulta de El Diario, la interventora Caamaño confirmó que existieron contactos, ya que Marín la ubicó para “comentarme la situación”. Dijo que no haría ningún comentario sobre el tema. La respuesta de AFI es: “No vamos a dar información sobre este tipo de cuestiones”.
Marín fue sobreseído definitivamente en el caso y a partir de esa decisión reafirmó su denuncia de que fue víctima de una “operación” para perjudicarlo políticamente.
Esa causa se cayó, pero pasaron tres años desde el primer movimiento, y en el proceso hubo un fuerte impacto mediático de lo que Marín consideró que ni siquiera llegaba a ser “un chusmerío”.
