El caso está envuelto en una maraña administrativa de interpretaciones contradictorias y plazos dilatados. Todo se inicio en el año 2010.
El gobernador Sergio Ziliotto a través de un decreto, reincorporó al exsargento ayudante Migue De Dino, exonerado en el año 2017 a través de un decreto del exgobernador Carlos Verna. Fue en cumplimiento de un fallo del STJ.
De Dino agotó la instancia administrativa y presentó una demanda contencioso administrativa para anular ese decreto. El 29 de mayo, la Sala C del STJ integrada por los ministros José Sappa y Eduardo Fernández Mendía le dio la razón. Ahora con un decreto del 3 de febrero, se cumplió con esa sentencia.
El caso de De Dino empezó el 2 de marzo de 2010. Ese día huboun allanamiento en el taller mecánico de Juan Nolberto Fuentes, en la calle Caseros al 1.100 en el que secuestraron un cuatriciclo Honda 300. Pudieron establecer que ese cuatriciclo había sido robado el 23 de julio de 2003, del establecimiento «El Guanaco». Fue incautado y debía estar en la Playa de Vehículos Secuestrados de la Policía
Fuentes contó que un policía de apellido Alfonso le vendió el vehículo, previo contacto «comercial» de Roberto Enrique Acuña. La entrega se hizo en la Playa Judicial y que estaba otro policía, con domicilio en el barrio Matadero y que lo tenía agendado como «Miguel De Dino» en el celular.
Ese vehículo había sido retirado a 1 y el 25 de junio de 2009, en un período en que De Dino y Alfonso (junto a otro policías que no fueron mencionados por Fuentes) estaban a cargo de la Playa Judicial.
Tampoco estaba el registro de los egresos e ingresos del año 2003 de la Playa Judicial, porque en incendio en marzo de 2008 se perdieron. El 3 de marzo de 2010, De Dino y Alfonso quedaron en pasiva.
Esto dio inicio a un sumario y a una causa judicial en el juzgado de Instrucción N° 4. El 31 de marzo de 2010, la Instrucción a cargo del sumario administrativo imputó a De Dino y a Alfonso la falta establecida en el artículo 63 incisos 6 –último supuesto– y 7 de la NJF 1034/80, diciendo únicamente que «con el accionar de los encausados no solo (había) quedado afectada la dignidad individual sino además el prestigio de toda la institución». Pero esa actuación quedó reservada hasta el pronunciamiento de la causa judicial.
El 15 de julio de 2011 sin finalizar la causa penal, se reintegró a De Dino al servicio. Estuvo seis años en serivicio, hasta su exoneración en 2017.
El 8 de mayo de 2013 se dictó la absolución del sargento De Dino en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que el 8 de abril de 2015 solicitó su sobreseimiento en el sumario administrativo.
Pero De Dino en su presentación ante el STJ remarca que el sumario administrativo estuvo paralizado desde el 16 de septiembre de 2011 hasta el 12 de septiembre de 2014 que fue devuelto por Fiscalía de Estado y el 30 de octubre de 2014 elevado al Departamento de Personal para su continuación.
El 9 de abril de 2015, «la Instrucción amplió sus conclusiones y mantuvo la imputación y que, luego de incorporada una copia de la resolución judicial absolutoria, y contra toda lógica, en lugar de ser sobreseído se lo exoneró mediante el decreto 3119/17», dice la defensa de De Dino.
En los fundamentos de la exoneración tanto la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Asesoría Letrada de Gobierno a cargo de Alejandro Gigena consideraron un criterio diferente al tomado en el año 2010: la definición de la causa penal, no eximía a De Dino de la causa administrativa ni que no se haya demostrado la falta administrativa cometida por el policía.
Sappa y Fernández Mendía consideraron que los hechos que dieron lugar a la causa penal y al sumario no fueron probados. Entonces decretaron la nulidad del decreto 3119 del año 2017 del exgobernador Verna. Aunque De Dino pidió resarcimiento por daño moral y el perjuicio económico, el STJ no accedió al pedido.
Ahora el sargento Miguel De Dino vuelve a la Policía de La Pampa.