En un sistema republicano resulta relevante para que las normas cumplan el objetivo de mantener el orden y la seguridad, que las leyes que sancionan los legisladores constituyan una genuina respuesta a las exigencias culturales, sociales, económicas y políticas. Ello daría verdadera legitimidad formal y material a la ley.
Asimismo, para la plena vigencia y acatamiento de la norma por parte de los ciudadanos, se requiere una recta administración de justicia por parte del Poder judicial y así preservar el imperio de la ley y mantener su sentido, vigencia, acatamiento y adhesión en el ámbito social en el que opera.
El respeto a las normas emerge esencialmente de la génesis consensual y democrática de la misma al ser dictada por un legislador legítimo. «El Derecho es consenso generalizado» -Lesch-.
Es menester que las Instituciones políticas no pierdan credibilidad o consenso democrático pues ello contribuiría a deslegitimar el poder político y los objetivos garantísticos de las expectativas que las normas preservan.
Lo cierto es que la falta de credibilidad en el sistema, en los poderes del Estado y puntualmente en la vigencia plena de la norma que emana de este contexto Institucional, coloca a la sociedad al borde de la anarquía y pone en peligro la paz social. Si a ello sumamos la dificultad del poder judicial en sancionar y hacer cumplir las leyes entonces se entiende claramente lo que acontece en nuestro país frente a las normas, frente a las leyes
Resulta relevante que las leyes emerjan de un Poder cuya representatividad responda a criterios democrático plenos y al cumplimiento «fiel» del mandato que los ciudadanos asignan a sus representantes, como así también que la administración de justicia no se muestre impune frente a quienes quebrantan la ley.
«El ordenamiento jurídico no podrá contar con un respeto generalizado de las normas cuando tolera que los que quebrantan el derecho alcancen mejores posiciones socioeconómicas que los respetuosos del derecho» -Döling-.
En un «hombre político» racional y cooperador el individuo es capaz de respetar las normas y limitar su libertad en la situación concreta en la expectativa de que ello le reportará mayor libertad; ya que ha podido comprobar que el dialogo y la cooperación son instrumentos más eficaces para maximizar su libertad al crear condiciones estables de seguridad y paz social necesarias para su desarrollo.
Sin embargo frente a la racionalidad del hombre cooperador existe una racionalidad egoísta del hombre, que se constituye por aquel que no puede escapar a la «paradoja del hedonismo» y que no entiende que la renuncia a la prosecución de ventajas personales puede ser más ventajosa.
En otras palabras la cooperación genera un estado de confianza en las expectativas de conducta de los miembros de la sociedad. La confianza y la cooperación tienen un efecto de «feedback» positivo; un estado de respecto a las normas por la garantía que la misma constituye.
Pero así como la confianza es directamente proporcional a la cooperación, la pérdida de confianza en el respeto a las normas por no garantizar la expectativa originaria dispone a conductas egoístas y aparece un factor sustancial de inestabilidad y ruptura del sistema: «la desconfianza».
En nuestro país esa desconfianza está dirigida al Poder Legislativo, es decir al hacedor de las leyes, en cuanto se deslegitima su condición de legislador y el modo y calidad de las leyes que dicta, pero también respecto al Poder Judicial en cuanto resulta totalmente ineficiente al momento de aplicar el peso de la ley a quienes incumplen las normas y estas dos circunstancias generan una desconfianza en los ciudadanos respecto a las leyes y su capacidad de establecer orden, seguridad y paz.
Es así que los ciudadanos que ya no tienen confianza en la ley establecen una estrategia de simulación. Simula respetar las normas para aprovechase de la confianza que genera en los otros para vulnerarlas y beneficiarse, sin advertir que con ello genera a la larga una situación de desconfianza generalizada que terminará padeciendo y que le afectará en forma inexorable con todas sus consecuencias perniciosas.
Es necesario que el derecho establezca una estrategia frente a tales cuestiones para que el individuo que incumple la ley sepa que el riesgo de vulnerarla es muy fuerte, y esta estrategia a mi modesto entender debe tener en consideración no solo la sanción de normas, en cuanto estas respondan a un interés colectivo, con un criterio democrático y con genuina legitimación por parte del Congreso de la Nación, sino además a una aplicación justa, igualitaria y respetuosa de la ley cuando ella sea vulnerada, por parte de los organismos judiciales.
El desprecio por las normas jurídicas, no solo del orden nacional sino también contravencional y local, puede constituir un estado de «anomia» cuando ello resulta generalizado y es claramente lo que acontece en nuestro país.
Durkheim creador del concepto de anomia planteó ya la disfuncionalidad de las situaciones anómicas, tanto en el plano individual como colectivo al considerar que el estado de anomia es un fenómeno morboso al que puede atribuirse la generación de conflictos y desórdenes, y últimamente la pérdida de la libertad.
«Podríamos decir que hay una situación anómica cuando un grupo de individuos tienen intereses tales que sólo pueden satisfacerse si todos ellos cumplen con una cierta norma, y un grupo significativo de tales individuos no cumplen con esa norma» -Nino-.
Esta anomia es calificada de «boba», según Nino, porque la acción colectiva ilegal se torna a la larga totalmente ineficiente en función a los beneficios que reportaría la observancia de la norma. Un caso de anomia no implica la mera vulneración colectiva de la norma ya que es obvio señalar que resultan perjudicados por la ilegalidad otros valores, derechos y cuestiones.
La ilegalidad masiva no solo consiste en un comportamiento externo hacia las normas sino en una actitud hacia ellas. Es la combinación de acciones externas de inobservancia normativa generalizada o recurrente con la ignorancia de los fines que las normas persiguen, lo que genera a la postre la ineficiencia que constituye la situación de anomia «boba».
Esta ineficiencia esta dada justamente por las consecuencias nocivas que la misma trae aparejada. La anomia puede parecer a corto plazo como una actitud ventajosa, pero a la postre hará sentir sus efectos destructivos, no solo sobre los que participan de esta actitud anómica, sino sobre la sociedad en su conjunto.
Debemos recuperar la confianza y el poder en la norma para que esta situación endémica de “anomia boba” deje de socavar las Instituciones, las libertades, el orden y la seguridad que implica un correcto funcionamiento de un Estado de Derecho.
Claramente, recuperar la confianza en las normas es responsabilidad de todos los ciudadanos y en particular del Estado a través del Poder Legislativo, en cuanto hacedor de las leyes, como al Poder Judicial en cuanto a su capacidad de lograr su cumplimiento y sancionar a quienes las transgreden.
Sera esta la gran reconstrucción social y política sobre la que debemos hacer anclaje para soñar con un Estado de Derecho fraterno, libre e igualitario y a partir de ahí comenzar a diseñar un modelo de país que pensaron muchos de nuestros próceres