Prisión preventiva vs. Presunción de inocencia | Por el Dr. Marcos Paz

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El artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional establece que es facultad del Congreso de la Nación dictar el Código Penal. Esta facultad ha sido delegada por las provincias, a las cuales se les prohíbe dictarlo –artículo 126 CN-

En el Código Penal se establecen los delitos y las penas correspondientes y ello es resorte exclusivo de la Nación, más allá que su aplicación, es decir el  procedimiento, para  establecer el encuadre penal y  las penas,  correspondan a las provincias, las cuales dictan su  Código Procesal Penal.

Para el dictado de estos códigos las provincias deben establecer garantías procesales y cumplimentar con lo que se llama el debido proceso y la defensa en juicio, todo lo cual es delimitado por la Constitución Nacional y los pactos internacionales que conforman el “bloque de constitucionalidad”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos –artículo 11-  establece que: «Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias a su defensa». En concordancia con ello el artículo 18 de la Constitución Nacional expresa entre otros derechos y garantías que: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso…”

En este contexto tenemos entonces lo que procesalmente se conoce como  “prisión preventiva”. La que implica una medida excepcional y extrema de privación de la libertad a un ciudadano bajo proceso.

Como la prisión preventiva implica un medida cautelar frente a un ciudadano que se presume inocente, puesto que lo único que desacredita tal condición es la existencia de una sentencia firme, dictada luego de un proceso penal en el que se respetaron los derechos y garantías que emergen de la Constitución, la misma debe ser aplicada con extrema rigurosidad y en casos excepcionales.

En este sentido los Códigos Procesales vigentes, exigen dos cuestiones para privar de la libertad a un ciudadano en el marco de un proceso penal.  Por un lado debe existir peligro de obstaculización para el desarrollo del proceso y peligro de fuga. Estos son los dos elementos centrales que debe evaluar el juez para aplicar una restricción de la libertad.

Asimismo, el Código Procesal Penal de La Pampa, al igual que los del resto de las provincias establece que “Siempre que el peligro de fuga o la averiguación de la verdad pueda razonablemente evitarse por aplicación de otra medida de coerción menos gravosa, el Tribunal competente deberá imponerle al imputado en lugar de la prisión preventiva alguna de las medidas alternativas siguientes: a) Arresto Domiciliario, b) Restricciones de acercamiento o comunicación, c) Prohibición de salir del país, e) Obligación de presentarse periódicamente ante el juez y e) Obligación de someterse al cuidado de una unidad de abordaje, supervisión y orientación.

En definitiva, la prisión preventiva, constituye entonces una medida cautelar en el marco de un proceso penal, en el cual deben respetarse los derechos y garantías de la constitución, en particular el debido proceso, la defensa en juicio y la presunción de inocencia de la que goza todo ciudadano por imperio de la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.

Por eso la prisión preventiva es una medida extrema, que solo se torna viable si el imputado de un delito está en condiciones de obstaculizar el proceso o de  colocarse en peligro de fuga.

Si no se dan estos dos requisitos, para la aplicación de la prisión preventiva debe, en principio, el imputado permanecer en libertad y si razonablemente el peligro de fuga y la averiguación de la verdad puede evitarse por aplicación de otras medidas sustitutivas, debe entonces procederse en tal sentido.

En nuestro país, lamentablemente se ha hecho abuso de la prisión preventiva y hoy claramente opera como un adelanto de pena, habiéndose desnaturalizado el alcance de esta medida cautelar.

De hecho la Argentina ha sido recientemente sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente por aplicar abusivamente e incumplir las pautas legales referidas para la imposición de la prisión preventiva.

Si el marco constitucional  consigna expresamente la presunción de inocencia de todo ciudadano, lo que implica la necesidad de transitar un proceso en libertad, puesto que esta presunción se pierde únicamente con una sentencia firme dictada luego de un proceso en el que se deben respetar los derechos y garantías constitucionales, aplicar la prisión preventiva implica privar de libertad a un ciudadano, antes de que existe una sentencia firme y por ello decimos que esta privación de libertad debe ser excepcional.

Las concepciones garantistas de un proceso penal,  exigen justamente el respeto de todas las garantías y derechos constitucionales para aquellos individuos sometidos a proceso penal. En nuestro país exigimos esas garantías cuando los afectados somos nosotros, no así cuando es otro ciudadano el que está sometido a proceso.

Esto se advierte claramente con la prisión preventiva, ya que en los hechos la misma implica un adelantamiento de pena para un ciudadano que cuenta con la presunción de inocencia y por ello el abuso que se hace habitualmente de este instituto procesal en nuestro país es alarmante.

Lo correcto sería aplicar la prisión preventiva de modo excepcional y en las circunstancias precisas y bajo las condiciones fijadas por la ley. De otro modo se constituye en un avasallamiento a la libertad ambulatoria de todos.

Que se haya desnaturalizado la prisión preventiva y naturalizado su aplicación, es un problema que nos atañe a todos los ciudadanos, ya que nadie está exento de estar en un proceso penal, puesto que cometer un delito culposo –accidente de tránsito, mala praxis, etc-, es una posibilidad propia de una sociedad de riesgo en la que hoy nos toca vivir.

Los derechos y garantías en el marco de un proceso penal deben ser celosamente cuidados y exigidos por todos los ciudadanos, y ello es así, porque estos derechos y garantías tienen rango constitucional, por lo que su respeto y aplicación emerge de la fuerza de la ley y no de la mirada ideológica y circunstancial de cada uno de nosotros.