En el mes de diciembre el Congreso Argentino dicta la llamada “Ley Micaela”, cuyo objetivo central es “establecer la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
Se establece como autoridad de aplicación el Instituto Nacional de las Mujeres quien deberá supervisar que las máximas autoridades de los tres poderes del Estado implementen las capacitaciones correspondientes en la temática referida.
Por otra parte se establece que las personas que se negaren a realizar las capacitaciones previstas en la ley serán intimadas previamente y de no cumplir con esta intimación se considerará falta grave, dando lugar a la sanción disciplinaria correspondiente.
Esta ley se dicta como consecuencia del femicidio de Micaela García, quien fuera una militante del Movimiento Evita y fue violada y asesinada a la salida de una discoteca en la localidad de Gualeguay, Entre Ríos, en el año 2017.
El Crimen de Micaela García generó una fuerte conmoción a nivel nacional, ya que la joven participaba activamente del movimiento “Ni Una Menos”. Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner..
A partir de ello la Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 171 votos afirmativos y una en contra una nueva herramienta legal contra la violencia de género.
La ley lleva el nombre de Micaela García y como refiriera su objetivo central es la capacitación dentro de los tres poderes, en temáticas de género y violencia contra la mujer y en tal sentido busca capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes estamentos del Estado.
La ley se enmarca dentro de tres normativas fundamentales con vigencia en nuestro país y vinculadas a cuestiones de discriminación y violencia contra las mujeres.
- Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. Esta convención es aprobada por resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979, suscripta por la República Argentina en julio de 1980 y aprobada por ley 23.179 de mayo de 1985.
- Por otra parte por Ley 24.632 se aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer. “Convención de Belem do Pará
- Finalmente se dicta en el año 2009 la ley 26.485 que constituye la “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencia contra las Mujeres en los ámbitos donde desarrollen sus relaciones personales.
En líneas generales la ley 26.485, la que da mayor operatividad a la Convención Internacional -23179- y la Interamericana -26432- tiene por objeto, promover y garantizar:
- La Eliminación de la discriminación entre mujeres y valones en todos los órdenes de la vida;
- El Derecho a las mujeres a vivir una vida sin violencia
- Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos;
- El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres;
- La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;
- El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;
- La asistencia integral de las mujeres que padecen violencia en las arcas estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.
En este contexto normativo referido, la “Ley Micaela” constituye una herramienta sencilla, pero necesaria en la prevención de la la violencia y discriminación contra las Mujeres y para ello obliga y conmina a las personas que se desempeñen en la función pública, en todos los niveles y jerarquías de los tres poderes del Estado, a capacitarse obligadamente en la temática de género y violencia contra las mujeres.