Por Decreto de Necesidad y Urgencia –DNU- 39/21 dictado el 22 de enero del corriente año, el gobierno central prorroga dos medidas sustanciales tendientes a la protección de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, en función de la crisis ocupacional existente.
Se prorroga por 90 días la prohibición de efectuar despidos sin causa, por falta o disminución de trabajo, y por fuerza mayor, media queda extendida en los hechos, hasta fines de abril de 2021.
Asimismo, se extiende por igual término, la prohibición de efectuar suspensiones por fuerza mayor, o falta o disminución de trabajo. Sin embargo quedan autorizadas las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo –LCY- que establece: “Se considerará prestación no remunerativa las asignaciones en dinero que se entreguen en compensación por suspensiones de la prestación laboral y que se fundaren en las causales de falta o disminución de trabajo, no imputables al empleador, o fuerza mayor debidamente comprobada, pactadas individual o colectivamente y homologadas por la autoridad de aplicación, conforme normas legales vigentes, y cuando en virtud de tales causales el trabajador no realice la prestación laboral a su cargo. Sólo tributará las contribuciones establecidas en las Leyes 23.660 y 23.661”.
Observamos, en este sentido, una contradicción en el DNU 39/21, ya que mientras consigna que no puede suspenderse a los trabajadores por fuerza mayor, o falta o disminución de trabajo, exceptúa esta posibilidad cuando se haga aplicación del artículo 223 bis de la LCT que justamente establece la posibilidad de suspender la prestación laboral fundada en “falta o disminución de trabajo no imputable al trabajador o fuerza mayor debidamente comprobada”. En ese caso, del artículo 223 bis de la LCT, el trabajador NO percibe remuneración y lo que se le abona pasa a ser una “compensación no remunerativa” que se pacta individualmente con los trabajadores o con el sindicato que los represente.
El artículo 223 de la LCT es aplicado por muchas empresas, en donde los trabajadores no prestan servicios y se les abona una “compensación económica” que generalmente pasa a ser un porcentaje del sueldo.
Claramente el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo -LCT- y el Decreto de Necesidad y Urgencia –DNU- 39/21 resultan confusos al momento de aplicar una suspensión del débito laboral por fuerza mayor o más precisamente fundados en la pandemia y las medidas tomadas al respecto por el Gobierno.
En caso que un empleador incumpla con la prohibición de suspensión o despido dispuesta por el DNU 39/21 se establece que los mismos no producirán efecto alguno, por lo que se mantendrán las relaciones laborales existentes y en sus condiciones actuales.
Por otra parte en este Decreto se establece que en caso de despido sin justa causa el trabajador tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente, no obstante lo cual esta vez el Decreto agrega un límite cuantitativo a esta duplicación y establece que la misma no podrá superar en ningún caso la suma de quinientos mil pesos ($ 500.000)
Esta posibilidad de duplicar la indemnización ha sido prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2021. Debe destacarse que las contrataciones de personal efectuada con posterioridad a diciembre de 2019, fecha en que se implementa por primera vez la “doble indemnización por despido incausado”, no gozarán de esta duplicación indemnizatoria prevista por la ley. Es decir aquellos trabajadores que fueron contratados con posterioridad a esta fecha (12/2019), no serán beneficiados con esta doble indemnización.
En una situación tan particular por la que estamos atravesando, este tipo de medidas tienen, a mi modesto entender, una eficacia muy cuestionable. Esta realidad supera y se lleva por delante, no sólo a los trabajadores, sino además a los empleadores y en especial al pequeño comercio y a la pequeña y mediana empresa.
Pretender beneficiar con estos Decretos, a una parte del mercado del trabajo, en este caso, al trabajador, termina afectando incuestionablemente y de modo directo al empleador y con ello al resto de los trabajadores.
Las consecuencias de la desocupación, el receso y la crisis, no pueden ser afrontadas por los empleadores y en especial por los pequeños comerciantes, quienes no están en condiciones de mantener la fuente de trabajo y muchas veces se ven obligados a producir despidos, pero esta obligación de ningún modo les puede ser reprochable. Es por ello que ante un despido incausado, obligarlos pagar una doble indemnización, es claramente un desacierto.
La doble indemnización, aunque ahora con límite, o la prohibición de despidos, de ningún modo constituyen medidas eficientes a la hora de salir a contrarrestar la crisis ocupacional que venimos atravesando y que se ha profundizado con motivo y ocasión de la pandemia. El costo de jugarla al “macanudo” lo termina pagando el pequeño empleador y sin duda alguna, el propio trabajador.