La ley 27.610 sancionada recientemente por el Congreso de la Nación tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y la atención postaborto.
En el artículo 2° se consigna que: “Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a: Decidir la interrupción del embarazo de conformidad con lo establecido en la presente ley; requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud, de conformidad con lo establecido en la presente ley; requerir y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión de abortar hubiera sido contraria a los casos legalmente habilitados de conformidad con la presente ley; prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces”.
Por otra parte, tanto en el artículo 1° como en el 3°, se dan algunas razones que justifican el dictado de esta ley, como son “los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible. A la vez que se consignan en dichos artículos los tratados internacionales adoptados por la constitución nacional, que darían el marco jurídico, legal y legítimo a dicha norma.
El artículo 4° resulta el más relevante en tanto y en cuanto establece:
“Interrupción voluntaria del embarazo. Las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: a) Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida; b) Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”.
Por otra parte el artículo 5° y 6° establece una serie de derechos en la atención del aborto y con posterioridad a él, como así también información respecto al mismo y a la salud sexual y reproductiva de la población.
Respecto a las personas con capacidad restringida, si la restricción no tuviese relación con el ejercicio de la “Ley IVE” entonces podrá prestar su consentimiento libremente y en caso que haya sida declarada incapaz deberá prestar el consentimiento con la asistencia de su representante legal.
Asimismo se establece que él o la profesional de salud que debe intervenir en la interrupción del embarazo, tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Sin embargo esta objeción de conciencia no es admitida cuando la vida o la salud de la persona gestante se encuentren en grave peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Respecto a la atención postaborto no podrá alegarse objeción de conciencia.
En este caso los establecimientos de salud del subsector privado o de la seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar la interrupción del embarazo por motivo de la objeción de conciencia deberán proceder a la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación.
Por otra parte se establece que las obras sociales en general, deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo.
Asimismo, el Estado nacional, las provincias y la ciudad autónoma y los municipios tienen obligación de implementar la ley 26.150 de educación sexual integral, estableciendo políticas activas para la promoción y fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población, a la vez que el personal de salud deberá capacitarse en los contenidos de esta ley de la normativa complementaria y reglamentaria.
Las cuestiones referidas en esta ley, en particular la modificación de la punibilidad del aborto en la República Argentina como figura penal, exigió modificaciones a los artículos 85, 85 bis –se incorpora-, 86, 87 y 88 del Código Penal, adaptándolos a la posibilidad de practicar un aborto y que este no sea punible en las condiciones de la ley 27.610.
Finalmente se establece que las disposiciones de la ley 27.610 son de orden público y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina.
En definitiva como dato relevante se destaca que hoy, en la República Argentina, es posible practicar un aborto hasta la semana 14 de gestación, en las condiciones referidas en la ley 27.610.
Con esta ley nuestro País da respuesta a un clamor popular, impulsado fuertemente por las propias mujeres, victimas principales de una legislación penal que las criminalizaba, a la vez que desatendía sus derechos y sus reclamos y desconocía una realidad que claramente las colocaba en estado de vulnerabilidad y desprotección a punto tal de poner en riesgo su propia vida.
La legalidad y legitimidad de esta ley está avalada por la Constitución y los Pactos Internacionales receptados por la República Argentina y con rango constitucional, los cuales han sido citados expresamente en el artículo 3° de esta ley.
Hoy el aborto en los términos de la ley 27.610 ya no es un delito, a la vez que se transforma en un derecho que está en cabeza de cada mujere que decidan ejercerlo, llevar adelante el mismo sin consecuencias legales, ni penales. Quienes estén en contra del aborto podrán no hacerlo, pero de ninguna manera, resulta aceptable que aquellas personas en contra del aborto, impidan la existencia de este DERECHO a la INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.