Entiendo en principio que la discusión no debe centrarse en las razones que los ciudadanos esgrimen para estar a favor o en contra del aborto. Ello es así porque ambas posturas tienen sus fundamentos y razones válidas e irrefutables.
El argumento principal de los que se oponen al aborto es que la vida comienza con la concepción. Un aborto seria causar la muerte a un ser humano en gestación pero ser humano al fin. No existe posibilidad de contrarrestar este argumento, salvo considerar que la vida comienza a partir del nacimiento y no desde la concepción.
Para quienes están en favor de la despenalización del aborto invocan que hay un derecho de toda mujer a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida.
Ambas partes tienen sus razones y fundamentos. Si centramos la discusión en la contundencia de cada argumento, seguramente nunca lleguemos a un acuerdo, ya que además de tener fundamentación propia y sobrada, parten de modos de justificación diferentes, de miradas muy personales, de lógicas distintas y por estas circunstancias devienen irreconciliables.
A mi entender la discusión debe ser debe ser eminentemente jurídica. Debemos resolver si el Estado debe despenalizar el aborto o no. Es decir la pregunta que debemos hacernos y sobre la que debemos definir la respuesta sería: ¿Puede el Estado, en ejercicio del Poder Punitivo, sancionar a la mujer que causa un aborto y al médico que la asiste?
La justificación del Poder Punitivo es tremendamente dificultosa. ¿Cómo justificar que el Estado imponga una pena y quite la libertad a un ciudadano? La primera justificación la aportan los contractualistas al decir, de un modo muy sintético y simple, que el ciudadano cede una porción de sus derechos y libertades para que el Estado le preserve el resto de esos derechos y libertados.
Debo aclarar que esta concepción contractualista nace en el Siglo XVII momento en el cual las mujeres no eran consideradas ciudadanas y no participaban de la vida civil ni política de los Estados. No eran Sujetos de derecho bajo ningún punto de vista. Mal puede pensarse en mujeres que participaran de ese contrato social que justifica el Poder Punitivo del Estado o sea la facultad de establecer delitos y fijar penas.
Dicho esto, debe destacarse que la mujer no participó del contrato social, ya que no era considerada una ciudadana. Está claro además, que la mujer jamás hubiese cedido al estado la potestad de castigarla por cometer un aborto, por decidir sobre su vida y sobre su cuerpo.
Las cosas cambiaron y la mujer debe obligadamente, participar de ese contrato social y entonces, ahora en su condición de ciudadana, le dice al Estado que cede la misma libertad que los hombres en un pie de exacta igualdad. Si el hombre no cede la posibilidad de decidir sobre su vida y su cuerpo por qué tiene que hacerlo ella. Y está perfecto que así sea. Se entiende entonces que la cuestión trasciende lo atinente al aborto y se transforma en una cuestión de género. A partir de ello observamos que el Estado no puede criminalizar el aborto porque claramente no ostenta Poder Punitivo para ello; y no lo tiene porque las mujeres no se lo cedieron.
Por otra parte más allá de la ley está la decisión personal de llevar adelante un aborto o no hacerlo llegado el caso. El tema es que si se criminaliza el aborto se impone la postura “antiaborto” en desmedro de quienes exigen que no se criminalice el aborto.
Si se establece que el aborto ya no es delito entonces eso es «en favor» de quienes están por la descriminalización del aborto pero no es en desmedro de quienes se oponen, a quienes les basta llegado el caso no realizar un aborto. Aquí se entiende claramente porqué la discusión debe ser netamente jurídica y centrarse en las cuestiones penales referidas.
A partir de lo dicho está claro que desde esta perspectiva el Estado no puede castigar y poner en prisión a una mujer por practicar un aborto. El lema “ni una menos” no solo está referido a la muerte de la mujer causada por un hombre sino a la muerte de nuestras mujeres causadas por abortos realizados en contextos de desamparo. Estar a favor de la despenalización del aborto también es estar a favor de la vida.
El Código Penal Argentino castiga con prisión de 1 a 4 años al que causare un aborto y obrare con el consentimiento de la mujer. Si como consecuencia de ese aborto, muere la mujer la pena máximo se eleva a 6 años.
El artículo 86 establece que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible en tres supuestos:
- Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para lo vida o la salud de la madre, y ese peligro no puede ser evitado por otros medios
- Si el embarazo proviene de una violación, y
- Si el embarazo proviene de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente.
Por otra parte, y en lo que aquí nos interesa, el artículo 88 del Código Penal establece que: Será reprimida con prisión de uno a cuatro años, la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible.
Así las cosas observamos que la mujer siempre es castigada por practicar un aborto, aun cuando preste su consentimiento. Solo el médico diplomado no es punible, cuando practica un aborto en los 3 supuestos referidos. Sin embargo esa liberalidad esta solo destinada a los médicos diplomados únicamente y según emerge de la propia ley.
Es decir en la Argentina, desde el Código Penal, hoy la mujer que realiza un aborto no tiene ninguna causal de exculpación. Será siempre punible y tendrá una prisión de 1 a 4 años.
Como la realidad supera la legalidad, el sistema no tiene prácticamente mujeres condenadas y esto es así por dos razones:
- En el primer caso porque generalmente la mujer muere al hacer el aborto entonces se extingue la acción penal y,
- En segundo lugar, porque el aborto se hace en la clandestinidad, ya sea de un consultorio para las que pueden abonarlo o de un domicilio particular para las que no pueden y en condiciones insalubres totales. Estos son los casos en que mueren las mujeres.
La idea es entonces considerar que el aborto no sea punible para la mujer cuando el mismo es realizado dentro de los primeros 3 meses. A efectos de evitar la clandestinidad y cuidar a la mujer entiendo en principio que esta opción solo es válida cuando se realiza dentro de un hospital o en una institución de la salud, para lo cual resulta necesario garantizarse la gratuidad en la realización del aborto.
Es decir la cuestión legal no debe circunscribirse a la despenalización del aborto realizado por la mujer dentro de las primeras semanas de gestación. No debe quedar allí la legislación. De ser así estaríamos dando respuesta únicamente desde el Derecho Penal al no criminalizar el aborto en estas circunstancias.
Sin embargo lo que lleva a la despenalización del aborto no es únicamente una cuestión penal, referida a no poner en prisión a una mujer por realizar un aborto. Aquí estamos además frente a un problema social, que trasciende el Derecho Penal. Ese problema social es que las mujeres mueren al realizar abortos clandestinos y justamente son clandestinos porque el derecho penal las castiga y porque además en muchos casos acontecen, por miedo, por necesidad, por imperio de un orden social injusto e inequitativo y por muchas razones que generalmente trascienden el orden jurídico.
A partir de lo aquí consignado entiendo que no solo debe despenalizarse el aborto, sino que esta reforma debe estar acompañada por medidas políticas, sociales y sanitarias que ayuden a evitar los abortos y de ser inevitables por las razones que fueren, acompañar a la mujer para que no muera en el intento.
De todas maneras, más allá de la necesidad de reforma del Código Penal, para no tornar punible el aborto, lo cierto es que en varias provincias se dictaron una serie de protocolos, entre ellas La Pampa, con los que de alguna manera y en los hechos, se puede consignar, que la práctica del aborto no es punible hoy en nuestro país. Resta que los legisladores modifiquen el Código Penal y establezcan políticas para la realización del aborto en términos de salubridad para la mujer que decide llevarlo adelante.