En argentina, la Inteligencia Nacional debe ajustar su proceder a las garantías y derechos emergentes de la Constitución Nacional. Las comunicaciones telefónicas se declaran como inviolables en todo el ámbito de la república argentina, por lo que para su intervención se requiere orden judicial –LIN 25.520-. Esta orden debe ser fundada, excepcional, provisoria y justificada, todo lo cual deberá quedar plasmado en la resolución que tome el Juez.
En la provincia de La Pampa el Código Procesal Penal, con vigencia a partir del 1/2/2020 establece en su artículo 182 que: “El Juez, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, podrá ordenar, mediante auto fundado la intervención de comunicaciones telefónicas del imputado o las que realizara por cualquier otro medio, para impedirlas o conocerlas, como así también la de terceras personas que pudieran ser vinculadas al proceso”.
Se advierte en el citado artículo que el Juez puede ordenar “escuchas telefónicas” por auto fundado, en relación a los imputados, es decir aquellas personas que son vinculadas a una causa penal. Sin embargo de modo incomprensible se agrega que también se puede escuchar a “terceras personas que pudieran ser vinculadas al proceso”. Esto resulta inconstitucional, y extremadamente violatorio de las garantías y derechos constitucionales de los ciudadanos.
En el Código Procesal Penal de la Nacion (Ley 23984 artículo 236) se posibilita la interceptación telefónica por parte del juez y por acto fundado, pero solo las limita a las comunicaciones del imputado, no así respecto de los terceros. Asimismo , el nuevo Código Procesal Penal de la Nación -27063- cuya aplicación aún no rige plenamente, establece que se podrán intervenir las comunicaciones telefónicas del imputado, por un plazo de 30 días, acto fundado y de modo excepcional.
Observamos entonces, que en la provincia de La Pampa, se permite escuchar a los imputados como acontece en los códigos nacionales referidos, no obstante aquí se amplía esa posibilidad a las “terceras personas que pudieran ser vinculadas al proceso”, sin especificar quienes se incluyen en esta categoría, que de por sí es extremadamente amplia.
Realmente es alarmante, que el Código Procesal Penal de La Pampa permita escuchar a personas que aún no han sido imputadas. Es decir el Código permite hacer inteligencia de modo ilegal y en franca violación con las elementales garantías constitucionales de los ciudadanos y la propia Ley de Inteligencia Nacional.
Las escuchas telefónicas constituyen un medio de prueba que solo debe ser instrumentado de modo excepcional y por acto fundado dictado por un Juez, y solo respecto a quienes revisten el carácter de imputados. Es inadmisible e inconstitucional que un Juez ordene escuchas telefónicas respecto a terceros, que ni siquiera ostentan la calidad de imputados en un proceso determinado.
Por otra parte la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta el 19 de junio del año 2019 la acordada 17/19 en la cual establece una serie de exigencias para las intervenciones telefónicas, por parte de los Jueces.
En esta acordada se resalta que el derecho a la intimidad y privacidad, amparado por la Constitución Nacional tiende a garantizar una esfera de la libertad personal excluida de los órganos estatales y por ello la protección de la privacidad resulta uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del ser humano y un rasgo de esencial diferenciación entre el Estado de Derecho y las formas autoritarias de gobierno.
A partir de ello, el derecho a la privacidad y la consecuente garantía contra su lesión actúan contra toda “injerencia” o “intromisión” arbitraria o abusiva en la vida privada de los afectados.
Asimismo consigna la Corte en esta Acordada, que “El balance entre el derecho de toda persona a no sufrir invasiones a su privacidad y el interés estatal en la persecución penal de un posible delito, debe incluir una necesaria ponderación de los instrumentos escogidos y los fines hacia los que se dirige la específica herramienta investigativa dispuesta en la causa, en cuyo marco corresponde tamizar la elegida por los filtros de la necesidad, la adecuación y la proporcionalidad”.
Es por ello, que las intervenciones telefónicas solo pueden ser dispuestas por los jueces, y esta decisión debe ser en el marco de un proceso, de carácter excepcional y debidamente fundadas”.
En la provincia de La Pampa, al expresar que se pude escuchar a “terceros vinculados al proceso”, sin especificar quienes serían puntualmente estos terceros, implica un claro avasallamiento al Derecho a la Intimidad y Privacidad, amparado en la Constitución Nacional y los pactos de Derechos Humanos incorporados por esta, a la vez que se constituye en una práctica propia de estados autoritarios y represores y afectadores de la dignidad e intimidad de las personas.
De acuerdo a lo decidido por la Corte Suprema, las intervenciones telefónicas deben ser dispuestas por un juez, con carácter excepcional, fundando debidamente la medida,, provisoria en el tiempo y en claro respecto de la privacidad y con prohibición a los jueces de hacer con estas medidas inteligencia criminal.
Es por ello, que en La Pampa al posibilitar la intervención de llamadas a “terceros vinculados al proceso” en algún punto se violan absolutamente todas la garantías y derechos que destaca la Corte para posibilidad de una intervención telefónica.
En primer lugar porque no se sabe quiénes serían los terceros vinculados al proceso, ya que ello no es un tecnisismo procesal ni jurídico válido. Su amplitud, permite que se considere terceros vinculados a un proceso a los testigos, secretarios, abogados y/o cualquier persona que tenga vinculación con el imputado y el proceso. No existe la categoría de terceros vinculados al proceso, en el Código Procesal Penal y por ello la ambigüedad y generalidad de este mote abre claramente la puesta para escuchar, de modo arbitrario a cualquier persona que el juez decida vinculada al proceso aún cuando no se lo haya imputado, y aún cuando podría ser un testigo.
Los Diputados Provinciales dictan un nuevo Código Procesal Penal en la provincia de La Pampa, que permite a los Jueces hacer inteligencia e intervenir arbitrariamente las comunicaciones de terceras personas que no están siendo imputadas en ninguna causa. Ello claramente habilita una práctica autoritaria e inconstitucional.
Lo llamativo, es que un diputado provincial, que aprobó esta posibilidad de intervención telefónica, se agravia públicamente, que ha sido víctima de “inteligencia ilegal” en el orden federal.. Sin embargo en su condición de diputado le dio “legalidad” a los jueces para hacer inteligencia respecto a terceros no imputados en una causa penal, en el ámbito de nuestra provincia.
El Código Procesal Penal vigente en nuestra provincia pretende formar parte de lo que se llama “sistema acusatorio adversarial” en donde existe igualdad de armas entre fiscal y defensa, estando la investigación a cargo del Ministerio Público Fiscal y con la presencia de Jueces que tienen como objetivo velar por el cumplimiento de las garantías procesales. Sin embargo existen en este nuevo Código Procesal Penal, normas como las consignadas en este artículo, lo que en la práctica desbalancean el proceso de forma drástica tornándolo fuertemente r afectador de las garantías procesales.
Los “Jueces de Control” que deben velar por el respecto de los derechos y garantías de los ciudadanos en el marco del proceso penal, no han declarado aún la inconstitucionalidad de este artículo en lo que se refiere a los terceros. Es más hacen aplicación de esta posibilidad procesal, a pedido del Ministerio Público, lo que resulta arbitrario, inconstitucional, y propio de un estado autoritario que obtiene furtivamente datos e interviene comunicaciones de terceros, que no han sido vinculados a un proceso.
Por eso decimos que en nuestra provincia podrían fácilmente escucharte…