La Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 2 establece que: “…Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación…” Al respecto rige la ley 23548 del año 1988 en la que se dispuso el régimen de distribución de recursos fiscales entre la Nación y las provincias, lo que se conoce como ley de coparticipación. Es decir existe una masa de fondos compuesta por los impuestos nacionales, y a partir de esta ley, se fija el sistema de distribución de los mismos con las provincias.
Por Decreto 705/03 se estableció que el porcentaje que le correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era del 1,40 %. En el año 2016, el gobierno de Mauricio Macri, por Decreto 194/16, fija ese porcentaje en el 3,75 %. Asimismo, luego del “Consenso Fiscal” de 2017, aprobado por ley 27429, el mismo queda en el 3,50 %.
Cabe destacar que el Gobierno de Mauricio Macri, al modificar el porcentaje de coparticipación mediante Decreto 194/16, no realiza ninguna fundamentación válida, simplemente refiere que lo hace para el cumplimiento de las funciones y prestaciones propias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es por ello que dicta el Decreto 399/16 en donde justifica la modificación del índice de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la transferencia que se hace de la policía para el cumplimiento de las actividades de seguridad no federales de la CABA y que naturalmente le corresponden a ésta. Recordemos que el artículo 72 inciso 2 de la Constitución Nacional establece que: “no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere.”
El Presidente Alberto Fernández dicta recientemente el Decreto 735/20 a través del cual reduce el porcentaje de coparticipación de la CABA, del 3,50% al 2,32%. A su vez, señala en este Decreto que, luego de aprobada la ley por parte del Honorable Congreso de la Nación de la referida transferencia con la correspondiente asignación de recursos, como exige el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, ese volverá al porcentaje original de coparticipación, que se le asignó en el año 2003, y que fue del 1,40 %.
Debe tenerse en cuenta, que al modificarse el porcentaje de coparticipación de la Nación fundado en la transferencia de funciones de la policía federal –Decreto 399/16-, debió realizarse la correspondiente asignación de recursos como marca la Constitución Nacional, a través de una ley dictada por el Congreso de la Nación. De ninguna manera resulta válido que esa transferencia de fondos se realice a través del aumento del índice de coparticipación.
El Decreto dictado recientemente por el presidente Alberto Fernández -735/20- pretende entonces en una primera instancia regularizar esta cuestión de privilegio que benefició a la CABA. Hasta tanto el Congreso dicte la ley, en la que apruebe la transferencias de la policía con asignación de recursos, el porcentaje de coparticipación de la Ciudad Autónoma será del 2,32 %, cuando en la actualidad es del 3,50 %. Es decir, en principio se reduce el porcentaje de la ciudad autónoma en un 0,92 %. Una vez que el Congreso de la Nación dicte esta ley, el porcentaje de coparticipación de la Ciudad Autónoma será del 1,40 %., es decir quedará en el fijado originalmente en el año 2003.
El presidente Alberto Fernández consigna en el Decreto 735/20 que el impacto en el presupuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la transferencia de las funciones de seguridad que hizo nación es justamente del 0,92%, por lo que resulta un despropósito que se le haya aumentado el 2,35 % el índice de coparticipación, con justificación en esta transferencia.
En función de ello el Decreto 735/20 intenta poner las cosas en su lugar para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en clara intención de preservar el alcance, sentido y contenido de la ley de coparticipación, en la que intervienen la totalidad de las provincias argentinas, incluida la ciudad autónoma de Buenos Aires, la que ingresa en el mismo rango que las provincias con posterioridad a su reconfiguración como Ciudad Autónoma a partir de la reforma Constitucional del año 1994.
Entiendo que si por Decreto del año 2003 se fija el porcentaje de coparticipación para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Decreto del año 2019 se modifica el mismo, desde el punto de vista legal, no existe inconveniente para que el Presidente actual, Alberto Fernández, establezca por Decreto el porcentaje, originalmente fijado, de coparticipación para la CABA.
Cabe destacar que la transferencia de funciones de seguridad –policia- no constituye una transferencia de funciones como tal, puesto que la policía que se transfiere corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como tal. Es decir cuando se crea la Ciudad Autónoma en el año 1994, la Nación se reservó una parte del poder judicial y la policía, ejerciendo funciones propias de la Ciudad Autónoma. Justamente la Reforma Judicial actual le devuelve esas funciones propias de la Ciudad Autónoma, con lo que se termina de configurar la Autonomía de Buenos Aires.
Es por ello que desde mi modesto entender, transferir la policía a la CABA, no constituye una transferencia de funciones y competencias propiamente dichas, sino simplemente el reconocimiento que esas funciones corresponden legal y naturalmente a la CABA y por ello nación renuncia a la reserva que formuló en su oportunidad.
Si la Cámara dictare la ley de traspaso de competencias respecto a la policía federal y fijare los recursos para hacer frente a esa transferencia, cuestión que a mi modesto criterio no corresponde por no ser una transferencia de funciones, perdería justificación la modificación del porcentaje de coparticipación asignada durante el gobierno de Mauricio Macri y por lo tanto resultaría lógico que el mismo quedase en el 1,40% como se fijó en el año 2003.
Dado, que como refiriera precedentemente es posible, a mi entender, modificar por Decreto presidencial el porcentaje de coparticipación, la Ciudad Autónoma, hace pie en la aprobación del pacto fiscal por ley del Congreso de la Nación -27429-.
El pacto fiscal fue un acuerdo suscripto entre Nación y varias provincias, en donde las partes fijan obligaciones El gobierno de Macri, introduce en este “pacto” el porcentaje de coparticipación en el 3,50% para la CABA y al ratificarse el mismo por ley, le otorga a dicho porcentaje otra entidad jurídica, que es lo que ahora esgrime la Ciudad Autónoma para oponerse legalmente a la modificación de ese porcentaje de coparticipación del 3,50% ya que aduce que el mismo ha sido aprobado por ley.
Es por ello, que entiendo que el Gobierno Nacional debería rescindir el “Pacto Fiscal 2017”. La duda es si esa rescisión o denuncia del Pacto Fiscal debe hacerse por ley, la suscripción de un nuevo pacto o el dictado de un decreto, con lo que quedarían legalmente cerradas las puertas de la CABA para pretender mantener el porcentaje de coparticipación en el 3,50 %.
La ley de coparticipación es el corazón económico y financiero del sistema federal argentino. Durante el gobierno de Mauricio Macri, se le dieron privilegios a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la modificación del porcentaje de coparticipación. Algunas provincias, si bien convalidaron a través del pacto fiscal, que suscribieron forzadamente, se vieron afectadas con ese privilegio. Es dable destacar que La Pampa y San Luis fueron las únicas que no aceptaron este pacto fiscal de 2017
El presidente Alberto Fernández pretende entonces poner las cosas en su lugar de origen, y terminar con los privilegios que beneficiaron a la CABA en desmedro de todas las provincias. Deberá ser muy cuidadoso en la técnica jurídica y los instrumentos legales que tome, para lograr su propósito, puesto que la Ciudad Autónoma ha hecho saber su intención de discutir esta medida en los fueros judiciales.