El Gobierno Nacional ya no interviene Vicentin S.A. Por Dr. Marcos Paz

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El Decreto 522/20 dispuso la intervención transitoria de Vicentín S.A. por un plazo de 60 días. Para justificar esta medida señaló: “es sabido que la producción agropecuaria resulta estratégica para nuestro país, garantizando la provisión de alimentos para la población y la exportación de materias primas, las cuales tienen un peso considerable en la estructura del comercio exterior”. Asimismo, ante la gravedad de la situación de la empresa tuvo en cuenta que podrían generarse impactos nocivos en materia laboral, comercial, económica y social.
​La intervención “tenía el propósito de rescatar de una grave situación de crisis a Vicentín S.A. empresa que, a juicio del gobierno, resulta relevante estratégicamente para el desarrollo de la economía y, evitar una mayor concentración en el mercado de la exportación de cereales”.
​Esta intervención no fue aceptada por el juez del concurso, a la vez, que hubo una actitud fuertemente obstruccionista de los directivos de la compañía, quienes se resisten a entender que la empresa es insalvable y que los responsables del vaciamiento son ellos mismos. Como dato relevante debe tenerse en consideración que la empresa aún no ha cumplimentado con la obligación legal de presentar en el expediente judicial la Memoria y Balance para conocer su estado económico y financiero. Es decir, solicitan la apertura del concurso sin hacerle saber al juez el verdadero estado económico, patrimonial y financiero de la compañía, lo que evidentemente hace presumir que existen irregularidades y responsabilidades con ribetes penales, que llevaron a esta situación actual de Vicentín S.A.
​Por otra parte los acreedores financieros internacionales han dispuesto un “discovery”. Esta es una figura del derecho procesal americano que intenta que las partes, previo a la articulación de un juicio, soliciten la información necesaria para determinar luego las medias y acciones a seguir. En otras palabras existen graves indicios que explicarían un vaciamiento ilegal de la empresa y esta información es la que quieren conocer los acreedores internacionales, al igual que quiso conocer el gobierno nacional a través de la intervención. La diferencia es que los acreedores financieros inician sus acciones en el exterior, donde la justicia resulta inflexible con aquellas empresas sospechadas de fraude a los acreedores.
​Más allá que los objetivos que se planteó el Gobierno Nacional, al intervenir la empresa, no pudieron ser alcanzados por las interferencias de los accionistas y la aceptación por parte del juez del concurso de medidas en consonancia con los intereses de los directivos, lo cierto es que la decisión de dejar sin efecto la intervención y la posibilidad de “expropiar la empresa”, tuvo en miras la posibilidad cierta de hacer responsable al Gobierno Nacional de las deudas que Vicentín S.A. mantiene con acreedores nacionales e internacionales.
​Si el Estado Nacional se pone al frente de Vicentín S.A. o la expropia en esta etapa de concurso, claramente queda como titular de una empresa cuya deuda resulta impagable. En este momento de crisis y emergencia, el Gobierno Nacional no está en condiciones de arriesgar los recursos del Estado para salvar una empresa que ha sido vaciada y saqueada de modo irregular y con posibilidad de configuración delictiva, por los propios directivos de la empresa. De hecho existen varias causas, en las que se investiga la posible responsabilidad penal de los que condujeron la empresa a esta situación actual.
El concurso preventivo es una instancia judicial para lograr un acuerdo con los acreedores. La ley deja en manos de los propios accionistas y directivos, la administración y gestión de la empresa, mientras busca arribar a un acuerdo y evitar así la quiebra.
​Hacerse cargo de Vicentín S.A. en este momento, por medio de la expropiación significa claramente que el Gobierno Nacional, se transforma en garante de los acreedores de una empresa que debe U$S 1.500 millones y en donde aparecen acreedores internacionales que podrían plantear y de hecho lo están haciendo acciones en el exterior.
​Ante este panorama el Gobierno Nacional, debió dejar de lado sus buenas intenciones de salvataje, puesto que implicaban un riesgo para las arcas y fondos de todos los argentinos. Hacerse cargo de la empresa en pleno concurso de acreedores, implica lisa y llanamente, asumir y garantizar las deudas que la misma posee, puesto que el Gobierno Nacional se haría cargo del pasivo de la empresa.
​En todo caso, podrá en su momento disponerse la expropiación de la empresa, sólo cuando se haya dispuesto la quiebra. En esa oportunidad la empresa ya no es administrada por los accionistas y se le desapoderan sus bienes para la venta. En esta opción se pueden adquirir los bienes, pero ya no las deudas.
​Por ello, lo más inteligente fue retirarse de este balurdo, volver sobre los pasos, dejar de lado las buenas intenciones y esperar el momento de tomar medidas, cuando ello no ponga en juego las arcas del Estado.
​Lo llamativo que esta intervención fue leída como una actitud de vulneración de los derechos de Vicentín S.A. cuando en realidad la intención no era otra que evitar que la empresa no se fuera a la quiebra por lo que ello significaba en el orden laboral, económico y financiero, entre otros.
​Por eso en lo personal y como ciudadano, aplaudo esta retirada, pero no con base en los discursos que cuestionaron la intervención y la posible expropiación, sino con base en los intereses económicos y la defensa de las arcas del Estado. El momento de expropiar no era ahora, ya que implicaba estatizar la deuda de Vicentín S.A.
De todos modos, pareciera que el Gobierno Nacional, ha decidido no asumir mayores riesgos con esta empresa, y poner sus energías en YPF AGRO.
Ante la caída de Vicentín S.A. el Estado está obligado a participar en el mercado de cereales y oleaginosas, puesto que de otro modo las empresas internacionales cooptarían un espacio muy sensible para la economía y desarrollo de nuestro país. Creo que YPF AGRO es la gran oportunidad del Gobierno Nacional para defender los intereses de los argentinos.
YPF, es ahora manejada desde el propio Estado, quien posee la mayoría del paquete accionario, con la clara intención de defender un recurso natural que por la constitución corresponde a las provincias, pero de fuerte impacto en la economía de los Países. YPF AGRO sería, en principio, una Empresa del Estado, con la clara intención de participar en un mercado, cuyo producto corresponde a los particulares, pero que requiere obligadamente la participación del estado en su comercialización, justamente para evitar que intereses internacionales, afecten los intereses de los productores y a la postre de la argentina toda.
Entiendo que es una cuestión muy compleja y que tiene que ver con políticas macro económicas y con modelos y sistemas de gobierno. De todas maneras creo que se presenta una gran oportunidad para permitirnos pensar una Argentina donde los Productores, Empresarios Agropecuarios y el Estado caminen en consonancia; donde la voracidad o mezquindad de uno no ahogue y avasalle al otro; donde el Estado proteja a los que producen, en las distintas etapas de la comercialización, con medidas económicas y facilitadoras de esa producción, sin ahogarlos con tributos confiscatorios y donde los productores sepan que las ganancias deben pagar impuestos y que sus beneficios deben tributar al Estado… como en todo el mundo.