Artículo 203. – Cuando alguno de los hechos previstos en los tres artículos anteriores, fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá multa de pesos argentinos setecientos cincuenta a pesos argentinos treinta mil, si no resultare enfermedad o muerte de alguna persona, y prisión de seis meses a dos años, si resultare enfermedad o muerte.
Artículo 205. – Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
Artículo 239. – Será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.
El artículo 202 prevé una pena de 3 a 15 años a quien propagare dolosamente, lo que podría traducirse a efectos de simplificar su comprensión, como intencionalmente, una enfermedad peligrosa o contagiosa. Llevando la figura penal a nuestro supuesto se penaría a quien a sabiendas que tiene el virus COVID -19- decide realizar acciones o ejecutar conductas con la clara intención de contagiar a otros. Aquí debe tenerse presente que es válido para el encuadre el dolo eventual. Este sería un caso extremo para aquel ciudadano que propagare esta enfermedad.
Cuando esa propagación o contagio se produce por culpa, es decir de modo imprudente, o negligente o por impericia se prevé una pena de seis meses a cinco años, si es que ese contagio enfermó a otro o produjo su muerte. El abanico temporal de la pena obviamente tendrá en cuenta si hay enfermedad o muerte, puesto que el artículo 203 no distingue en cuento al monto de la pena en este sentido. El tema de la multa que prevé el artículo 203 se aplica para el caso de que una persona contagiase a otros de manera culposa, que es la posibilidad más común, y no causare enfermos, es decir se contagiare a otro pero este resultare asintomático o no genere enfermedad alguna.
En los tribunales de la provincia de La Pampa, prácticamente no existen causas con base en los artículos 202 y 203 del Código Penal y referidos precedentemente. Es prácticamente impensable que un ciudadano propague dolosamente esta enfermedad, más allá que la figura admite el dolo eventual. En el caso de la propagación culposa del artículo 203, podría ser más probable su configuración, dado que una persona que posea los síntomas y no tome recaudos para contagiar a otro, bien podría ser pasible de la tipificación en esta figura.
La gran cantidad de imputaciones realizadas en nuestra provincia con motivo del Covid-19, y en general en nuestro país se posicionan en los artículos 205 y 239 del Código Penal.
El artículo 205 sanciona con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Esta figura delictiva penal constituye un “delito de peligro abstracto”, puesto que no interesa si hay contagio o no, sino que se pena simplemente el hecho de no respetar una medida tomada por la autoridad competente.
Deviene pertinente destacar, que se trata de las llamadas leyes penales en blanco, en donde la figura penal se completa con un listado de medidas que no prevé expresamente el tipo penal y que serían las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional.
Las leyes penales en blanco han sido fuertemente cuestionadas, puesto que al no estar completa la figura delictiva en el cuerpo de la ley penal, parecería que ello atenta con el principio de legalidad, es decir con la necesidad de que exista una ley cierta y clara previamente a la comisión del delito. Por otra parte resulta paradójico que una ley penal sea, como en este caso complementada por un Decreto. De todos modos las leyes penales en blanco han sido aceptadas por la mayoría de los tribunales, incluso la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, entiendo, que esas medidas de autoridad competente, deben limitarse a las que dicta el Gobierno Nacional, ya que si aceptamos, los Decretos del Gobernador como “autoridad competente”, llegaríamos al absurdo de considerar delitos diferentes según las provincias y ello claramente afectaría el derecho a la igualdad.
Las provincias, por manda constitucional, cedieron a la nación la potestad de dictar el Código Penal, por lo que de ningún modo sería aceptable que legislación provincial, y en este caso decretos provinciales, puedan completar una ley penal en blanco y ser tomada como autoridad competente respecto a la referencia que hace el artículo 205 del Código Penal.
Estas medidas son totalmente temporarias, por lo que en determinada circunstancia podría dejar de constituir delito la ruptura del aislamiento o el distanciamiento social y aquí aplicaría el principio de la ley penal más benigna. Para que se comprenda, si mañana se decide que la marihuana no ingresa dentro de las drogas prohibidas, quienes tengan causa por ello serán liberados justamente en base a esta garantía de la ley penal más benigna.
Debe destacarse, que el elemento subjetivo del tipo es el dolo y el error vencible resulta admisible lo que claramente torna inaplicable esta figura penal puesto que no existe la tipificación culposa de la misma. Es decir los ciudadanos podrían invocar el error como un elemento defensivo, en caso de que verdaderamente ese error sea genuino y “vencible”.
Finalmente en lo que se refiere al 239 del Código Penal, resulta pertinente para legitimar aún más a la autoridad de aplicación de las medidas. En este caso el que desobedeciere o resistiere a un funcionario público, aquí no solo entran las autoridades policiales, sino todo funcionario público que intente aplicar las medidas dispuestas dentro de su rango de competencias que emanan de la ley, y fueran resistidas o desobedecidas dolosamente por un ciudadano, la pena es de 15 días a un año.
Si bien es cierto los fiscales están formalizando a los ciudadanos por el artículo 205 y el 239 del Código Penal, a mi modesto entender serán muy pocas las causas que prosperen por resistencia y desobediencia a la autoridad prevista en el artículo 239 del Código Penal.
Como advertimos el Código Penal prevé mecanismos punitivos justamente para dar cobertura a las medidas que se tomen durante esta pandemia. Los he referido en este escrito del modo más comprensible y simple para que los ciudadanos conozcan claramente las penas que el Código Penal fija en este sentido. No obstante lo cual es dable recordar que para la aplicación de penas deben respetarse los derechos y garantías procesales y constitucionales que le corresponden a cada uno.
Debe tenerse presente, en particular en lo que concierne al artículo 205 del Código Penal, que se trata de una figura penal de las llamada en “blanco”, por lo que su interpretación y aceptación debe ser extremadamente restrictiva, como lo debe ser también la aplicación del Código Penal en momentos tan particulares.
En los estados de emergencia como el que estamos atravesando, claramente los derechos individuales se “flexibilizan” en beneficio de todos. Esta “flexibilización” de los derechos individuales, a la postre implica un fortalecimiento de otros derechos, que las circunstancias nos exigen preservar. En este caso se flexibilizan muchos derechos, en especial la libertad, justamente para fortalecer el derecho a la integridad, a la salud y a la vida misma.
Deseo fervientemente, que en tiempos tan especiales, el Derecho Penal, no adquiera un protagonismo inusual. Los operadores judiciales del sistema penal deberán, como siempre, ser muy respetuosos de los derechos y garantías, al igual que los ciudadanos de las normas en general.
