El secretario de Trabajo , Marcelo Pedehontáa, comunicó hoy a los trabajadores de la Dirección de Agua y Saneamiento que se cayó el convenio que habían firmado con el exintendente Leandro Altolaguirre y que esa repartición había homologado a pocos días de la asunción del nuevo jefe comunal, Luciano di Nápoli.
En el primer día de gestión del nuevo intendente, el funcionario provincial anunció que la Asesoría Legal del gobierno provincial objetó algunos aspectos del convenio y le dieron de baja. El secretario general de SIPOS, Darío Caselli, contó que los trabajadores se declararon en estado de asamblea permanente y pidieron una reunión urgente con el flamante jefe comunal.
La situación de los trabajadores del servicio, que reclaman un convenio específico que perdieron hace 28 años, quedó en medio de una pusleada política. Altolaguirre y la concejala Claudia Giorgis, junto al gremio, impulsaron la creación de un ente municipal y un nuevo convenio a pocos día de dejar su funciones. La oposición en el Concejo y di Nápoli, que pidió tiempo para analizar la consecuencias y las posibilidades reales de los cambios, se opusieron.
La creación del ente se frustró. Pero sorpresivamente Pedehontáa advirtió públicamente que había homologado el convenio de trabajo porque se había originado en un acuerdo paritario. El funcionario dijo inclusive que los trabajadores tenían el derecho de iniciar acciones de fuerza si las nuevas autoridades no lo ponían en marcha.
Sin embargo, Pedehontáa tuvo que dar marcha atrás sobre sus propios pasos a las pocas horas. Primero salió a aclarar que no había intervenido en un segundo acuerdo entre el gremio y el municipio, cuando se corrigió el original para aclarar que el convenio lo aplicaría en forma temporaria DAGSA, hasta que se cree un nuevo ente.
Ahora, Trabajo terminó de dar la marcha atrás y directamente bajó el convenio que no se había alcanzado a poner en práctica. “Trabajo revocó el acuerdo”, lamentó Caselli este miércoles, en declaraciones a Radiokermés. Los trabajadores de la dirección hicieron una asamblea y se declararon en asamblea permanente.
El gremialista indicó que presentarán una nota para intentar reunirse en forma urgente con di Nápoli. “Te da un poco de bronca esto. Pero vamos a volver a intentarlo, a volver a dialogar”, dijo.
“El intendente tiene que entender nuestra postura también. Atrás hay trabajadores y familias. Se necesita un convenio para encuadrar a la gente y darle responsabilidades, porque en el convenio hay derechos pero también obligaciones”, aclaró.
Caselli reivindicó también la propuesta de crear un ente porque, dijo, tiene camiones y máquinas parada “porque se rompió un permo” y la burocracia municipal hace que tarden más de un mes en arreglarlo.
“Vamos a negociar, pero también tiene que haber plazos, ver qué iniciativas hay de la otra parte, si hay predisposición. Se suspendió por 180 días, pero llevamos 28 años y la gente no quiere pasar más esta situación, hoy se quiere tomar vacaciones pero no puede”, añadió.
“Soy optimista en todo eso. Esto quedó instalado. La gente no quiere estar más en la situación en que se encuentra. Por ahora no hay medidas de fuerza. Apostamos al diálogo”, concluyó.
Tal como informó El Diario, la gestión electa para gobernar la Municipalidad de Santa Rosa no apurará la conformación del Ente Municipal de Obras Sanitarias (EMOS), que generó una de las últimas grandes polémicas entre la gestión saliente de Leandro Altolaguirre y la entrante de Luciano di Nápoli.
Incluso la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Paula Grotto, dejó en claro que esa cuestión no será una prioridad del cuerpo legislativo y aseveró que el tema “no se puede trabajar de un día para el otro”.
La creación del EMOS se volvió una confrontación en alto tono entre el radicalismo que concluyó su administración y el peronismo que regresó a gobernar la capital pampeana. Motorizada especialmente por la concejala Claudia Giorgis, el EMOS fue también un pacto con el gremio SIPOS, cuyo secretario general es Darío Caselli. De manera paralela se gestó un acuerdo paritario con participación del subsecretario de Pedehontaá.
Esa modificación en el convenio, según Pedehontaá y Altolaguirre, estaba en vigencia. Pero la gestión de Cambiemos no pagó la última liquidación salarial en consecuencia.
El nuevo convenio colectivo para los trabajadores de la Dirección de Agua Potable y Cloacas sacaba a los trabajadores del sector de la órbita de la ley 643 y los colocaba bajo el convenio de Obras Sanitarias.
Esto significaba que dejaría de cobrar horas extras para percibir guardias y otros beneficios para la actividad.
Di Nápoli reclamó que se hiciera un cálculo serio del impacto económico de cualquier modificación convenial que existiera. Cuestionó el apuro del actual oficialismo y sugirió que se tomaran otros tiempos para el análisis. Como consecuencia de esa petición, los concejales opositores en el Concejo frenaron el tratamiento.
Ahora, el peronismo tiene una mayoría relativamente cómoda en el cuerpo legislativo.
