Fernández concretó rápidamente la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que fue una de las promesas de su discurso de asunción el 10 de diciembre pasado, y puso en marcha del Plan Argentina Contra el Hambre con la entrega de las primeras tarjetas alimentarias, tema excluyente de su campaña.
En cambio, deberán esperar hasta marzo o abril -para cuando el Gobierno confía en tener encaminada la renegociación de la deuda- otros ítems de aquel discurso inaugural, como la creación del Consejo Económico y Social, el Consejo de Seguridad, la reforma judicial o la legalización del aborto.
En el Gabinete ya están elaborando el proyecto para crear el Consejo Económico y Social, al que imaginan como un órgano que trascienda los mandatos presidenciales y trabaje en políticas de largo plazo sobre relaciones laborales, educación, ciencia y desarrollo regional, entre otros puntos.
Sobre esa iniciativa trabajan el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, mientras sus pares Ginés González García (Salud) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad) hacen lo propio con el nuevo proyecto para legalizar el aborto, otra promesa que Fernández ratificó días atrás.
La lista de temas pendientes continúa con la constitución del Consejo de Seguridad, el impulso de un nuevo plan de obra pública “transparente” y la reforma del sistema federal de Justicia, uno de los puntos en los que el jefe de Estado hizo mayor hincapié el día de su asunción.
Sobre ese proyecto trabajan Beliz y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, pero su diseño y eventual aplicación generan un debate interno entre los distintos sectores que conforman el Frente de Todos, que aún no está saldado.
La coalición peronista que encabeza Fernández no es uniforme y algunas de las divergencias entre el kirchnerismo, referenciado en la vicepresidenta Cristina Kirchner, el naciente “albertismo” y el espacio que lidera el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, empezaron a salir a la superficie con un tema particular: los “presos políticos”.
Mientras Santiago Cafiero, jefe de Gabinete y hombre de máxima confianza del Presidente, afirma que en la Argentina “no hay presos políticos sino detenciones arbitrarias”, referentes del kirchnerismo puro como Gómez Alcorta o el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, lo contradicen.
Sin embargo esas diferencias internas (comunes a cualquier coalición, como demostró Cambiemos durante sus cuatro años de gobierno) no alteran por el momento a Fernández, quien ya empezó a dejar su impronta en la gestión para tratar de ahuyentar las dudas generadas en distintos ámbitos por el hecho de que su candidatura presidencial fuera promovida por su vice.
Más allá del objetivo de conseguir apoyo para la renegociación de la deuda con el FMI, en su primera gira internacional el Presidente dio señales de que quiere mostrarse como algo distinto no solo de la pasada administración de Mauricio Macri, sino también del último gobierno kirchnerista.
Un ejemplo de ello fue que su primer viaje oficial fue a Israel para reunirse con Benjamín Netanyahu, aliado de Estados Unidos, de buena relación con la pasada administración de Mauricio Macri y, en consecuencia, destinatario de críticas por parte del kirchnerismo puro en años pasados.
La buena sintonía que mostró con su par de Francia, Emmanuel Macron, va en la misma línea si se tiene en cuenta que el galo era visto como un hombre ideológicamente más cercano a Macri que a cualquier peronista, etiqueta que Fernández se ocupó de despegar.
Algunas de sus declaraciones en esa gira también evidenciaron su interés por marcar su impronta, al diferenciarse de “los conservadores” que “no quieren que nada cambie” y “los revolucionarios” que “tiran todo por la ventana”, y definirse a sí mismo como “un reformista” que quiere modificar “la realidad con las reglas establecidas”.