La Comisión Nacional de Emergencias y Desastre Agropecuario (CNEyDA) se reunió para evaluar la situación de las provincias afectadas por la inundación y elevó al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Miguel Etchevehere, su análisis y propuestas de declaración de emergencia y/o desastre agropecuario de las provincias de La Pampa y Corrientes.
En el caso de Corrientes es por inundaciones.
El secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardie, y el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi, encabezaron el encuentro de la Comisión Nacional.
Los representantes de la provincia de La Pampa presentaron los Decretos Provinciales N°4.422 del 24 de octubre de 2019 y N°4.674 de fecha 08 de noviembre de 2019, respectivamente, que establecen la declaración de estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario por 180 días a partir del 24 de octubre de 2019, a las explotaciones agrícolas, agrícolas-ganaderas y ganaderas de lotes en Departamentos del Este, Centro, Oeste y Sur de la provincia de La Pampa.
De la reunión participaron, funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Banco Central de la República Argentina; Banco de la Nación Argentina; Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda; INTA; Servicio Meteorológico Nacional (SMN); Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); Sociedad Rural Argentina (SRA); de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF).
El Gobierno Provincial oficializó el 24 de octubre pasado la declaración de emergencia agropecuaria por sequía de una vasta región del territorio pampeano.
La declaración de emergencia agropecuaria por sequía es por un período de seis meses en once departamentos de la provincia por un total de seis millones de hectáreas, la mayoría ganaderas, aunque hay 1,3 millones que son agrícolas.
A principios de octubre se había reunido la Comisión de Emergencia Agropecuaria, que decidió declarar la emergencia por sequía. La medida abarca parte de los departamentos Rancul y Conhelo, Capital, Utracán, Guatraché, parte de Lihuel Calel, Hucal, Caleu Caleu, Puelén, parte de Chalileo y Chical Co.
La medida abarca un área de unas seis millones de hectáreas, casi la mitad de la superficie provincial, y con ella los productores podrán postergar el pago de impuestos y tendrán acceso a créditos blandos.
Por su parte, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos por la medida reciban los beneficios previstos en los artículos 22 y 23 de la Ley Nº 26.509, asistencia financiera especial y medidas impositivas especiales, tales como prórrogas para el pago de los impuestos, paralización de juicios, etcétera.
La declaración de la emergencia agropecuaria había sido reclamada por los sectores del campo a raíz de que la situación generada por la sequía obligó a varios productores ganaderos a vender parte de su hacienda.