Golpe en Bolivia: ya hay al menos 32 muertes

La autoproclamada jefa de Estado negocia con el MÁS una fecha y que no compita Evo. Violenta represión a una marcha de ataúdes en La Paz.

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Jeanine Añez está apurada por definir una fecha de convocatoria a elecciones que la ayude a frenar la ola de violencia que continúa en las calles de Bolivia. Presentó un proyecto este miércoles y dispuesta a negociar con el partido de Evo Morales, con mayoría en la asamblea, aunque si no llega a un acuerdo pondrá fecha por decreto, su instrumento predilecto para tomar decisiones.

“No me opongo. Si la solución son elecciones, bienvenido. Pero convocar elecciones por decreto es en contra de la Constitución”, aclaró desde su asilo de México Evo Morales y volvió a pedir la intervención de organismos internacionales para frenar la escalada de violencia, que según la Defensoría del pueblo local ya registra 32 víctimas fatales desde el golpe de Estado del 10 de noviembre.

Este jueves, el centro de La Paz volvió a mostrar escenas de terror con ciudadanos que bajaron de El Alto con los féretros de los fallecidos por la represión policial y eran disuadidos con gases lacrimógenos.

Los videos de los manifestantes haciendo equilibrio con los ataúdes se viralizaron rápidamente pero no hubo ninguna reacción oficial, porque se mantiene vigente el decreto de Añez que exime a las fuerzas armadas de responsabilidades penales por reprimir.

Ante falta de registros oficiales de las víctimas, la defensoría del pueblo se convirtió en la única fuente local sobre las víctimas fatales. Confirmaron que el martes hubo ocho fallecidos durante el operativo policial en el bloqueo de la planta de Senkata, víctimas de impactos de bala de armas de fuego utilizadas por policías y militares.

La defensoría repudió además el incendio a la vivienda de Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto, la ciudad que rodea La Paz a 500 metros de altura.
Los organismos internacionales mantienen la mesura. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que repudió las matanzas de Cochabamba el pasado viernes, difundió un documento en el que la Organización de Estados Americanos (OEA) la autorizaba a realizar una misión a Bolivia entre el 22 y el 25 de noviembre para “observar la situación de los derechos humanos”.

La “misión técnica” que la alta comisionado de derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet envió a La Paz el domingo tampoco trajo grandes novedades. El secretario general António Guterres, reclamó una investigación “rápida, imparcial y exhaustiva” sobre las muertes de El Alto. Por ahora no llega.

Añez sólo está interesada en convocar a elecciones y envió un proyecto al Congreso sobre “régimen transitorio”, que prevé anular los comicios del 20 de octubre denuncias fraudulentos por la OEA, crear un nuevo Tribunal Supremo Electoral (TSE) en 15 días para que luego defina una fecha de elecciones.

El Movimiento al Socialismo (MAS) presentó un proyecto similar, sólo que no proscribe candidaturas, pese a que Evo Morales y Álvaro García Linera anunciaron que no participarán. Es que luego de ser derrocados, la oposición circuló algunas interpretaciones legales sobre una supuesta prohibición de participar al partido político por el supuesto fraude del 20 de octubre.

Por twitter la senadora masista y ex presidenta de la cámara alta, Adriana Salvatierra, desmintió que el texto de su proyecto reconociera la asunción de Áñez como constitucional, una de las tantas denuncias de noticias falsas que inundan las redes sociales en Bolivia, donde la mayoría de los medios afines a Morales anularon su programación.

“Es importante aclarar en honor a la verdad que circula un documento falso. La exposición de motivos del proyecto de ley que presentó la bancada del MAS-IPSP es esta. Pido a los medios corregir el dato”, posteó Salvatierra.

Desde Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más hostil a Morales, el líder cívico, Luis Fernando “Macho” Camacho, pidió que haya elecciones el 19 de enero, tres días antes de vencido el mandato de Morales iniciado en 2015 e interrumpido el 10 de noviembre por presión de las fuerzas armadas, que se adueñaron de las calles bolivianas por tiempo indefinido.

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